Un efectivo de la Policía Bonaerense amenazó de muerte a la abogada de su ex pareja, quien lo acusa de violencia de género, y fue procesado con prisión preventiva en las últimas horas por orden de la Justicia Federal que investigó el caso debido a que la letrada que fue víctima de las amenazas es Claudia Vera, presidente de AMI (Asociación Mundo Imaginario), una organización defensora de los derechos del colectivo LGBTQ+.

Según informo La Capital, el caso, cuya investigación es realizada por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri,  comenzó el 7 de mayo pasado, cuando Vera recibió en su teléfono celular una intimidación que la motivó a denunciar de inmediato la agresión y, al momento de recibir la amenaza anónima desde un número de teléfono desconocido, sospechó que la misma podía estar vinculada a su actividad.

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“El mensaje decía algo así como que me iban a matar por pañuelo verde y en defensa de Dios y la Patria”, expresó la abogada en diálogo con el citado medio marplatense. 

Por medio de la colaboración de la delegación local de la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo), el juez federal Santiago Inchausti supo a través de la fiscal Mazzaferri que la amenaza había sido realizada desde un teléfono que estaba a nombre de una cliente de la propia Vera y se llegó a la conclusión de que el autor era precisamente un policía ex pareja de la mujer representada por la abogada y que había sido acusado por la mujer en el marco de una causa de violencia de género que lleva adelante la Justicia de Familia.

Tras dos meses de iniciado el caso, el magistrado decidió procesar la semana pasada al policía, quien fue separado de la fuerza, con prisión preventiva y un embargo de un millón de pesos bajo el objetivo de “garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberle y reparación de las víctimas”.

Desde el inicio de la investigación se dispusieron medidas de seguridad sobre las víctimas –la abogada y su núcleo familiar-, que incluso se vieron reforzadas a propuesta de la fiscalía, a medida que avanzaba el caso y se fortalecía la hipótesis fiscal.

De acuerdo a la resolución y en línea con lo planteado por la fiscalía en sus intervenciones, el objetivo de las amenazas era evitar ciertas actuaciones en los expedientes en los que el imputado fue denunciado en la justicia provincial.

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El magistrado federal sostuvo también que el ex policía llevaba adelante distintas acciones contra su ex pareja “como método de dominación en el marco del círculo de violencia” en el que la había involucrado y, entre otras situaciones, se comprobó que obtuvo y puso a nombre de ella gran cantidad de armas y bienes, registró líneas telefónicas bajo su titularidad y creó correos electrónicos con su nombre.

La línea desde la cual se profirieron las amenazas había cambiado de titularidad justo el día anterior al hecho y se había fijado a nombre de la mujer. En ese contexto, el juez recordó que  la mujer había denunciado una serie de amenazas que le efectuaron desde un correo electrónico que estaba registrado bajo sus datos personales.

Además de las medidas realizadas para identificar al hombre como el autor de las amenazas (entrecruzamientos de llamadas e impacto de estas en las antenas de telefonía celular), se llevaron adelante también una serie de allanamientos en domicilios del entorno del implicado y en uno de ellos se secuestraron distintos tipos de armas y 2586 municiones, mientras que en otro se encontró un arma tipo carabina, un silenciador, una mira holográfica táctica y los documentos de identidad tanto del hombre como de su ex pareja y el hijo de ella.