Investigan supuesta infiltración policial en una marcha por la masacre de San Miguel del Monte
La denuncia fue formulada por el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La Corte resolvió que no hay una "cuestión federal" bajo investigación y tres años después asignó el expediente a la Justicia de Garantías de La Plata.
Un juez provincial de La Plata investigará si efectivos de la bonaerense se infiltraron en una marcha en reclamo de justicia por la muerte de cuatro jóvenes y las heridas de un sobreviviente en una persecución policial en San Miguel del Monte el 20 de mayo de 2019.
Se trata de una denuncia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentada en el contexto de una masiva movilización de vecinos en reclamo de justicia.
Pérez Esquivel denunció “la presencia disimulada de agentes de la policía de la provincia” en la manifestación, que se repitió y persistió en el tiempo, incluso con actos intimidatorios para familiares de las víctimas.
Según Pérez Esquivel, la policía concurrió a la manifestación del 20 de junio, un mes después de los hechos, “con el objeto de realizar actos de espionaje y recolección de datos de los referentes de las organizaciones sociales que asistieron al evento”.
La investigación ingresó en un conflicto de competencia entre el juzgado federal número tres y el juzgado de Garantías número seis, ambos de La Plata, que el máximo tribunal tardó tres años en resolver.
El juzgado federal consideró que el hecho denunciado era ajeno a su competencia, pues había sido cometido por empleados del gobierno provincial (los policías) “en abuso de sus funciones reguladas por normas de índole local”.
Pero el juzgado de Garantías replicó que debía intervenir la Justicia Federal por cuanto “podría resultar aplicable la ley nacional de inteligencia”, es decir un caso de espionaje ilegal.
La Corte descartó, de momento, esa hipótesis, coincidiendo en esa postura con el procurador general interino Eduardo Casal.
El jefe de los fiscales dictaminó que “el presunto accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que estos no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.
Las víctimas fatales de los hechos de San Miguel del Monte fueron Aníbal Suárez, de 22 años, Gonzalo Domínguez, de 14, y Danilo Sansone y Camila López, ambos de 13.
La única sobreviviente fue una adolescente de 14 años de edad.
Los jóvenes se desplazaban en un vehículo que fue perseguido y baleado por un grupo de policías y terminó estrellándose contra un camión estacionado, causando la tragedia.
El hecho fue conocido mediáticamente como “la masacre de San Miguel del Monte”.