El director general de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPF), Julián Axat, le solicitó en las últimas horas al juez federal Daniel Rafecas que evite el desalojo en el Barrio 21-24, de Barracas, con una "resolución alternativa y pacífica".

Axat, según publicó el portal del MPF de la Nación, realizó una presentación ante el Jugado Criminal y Correccional Federal Nº 3, en la que le solicitó a Rafecas "se disponga el cese del desalojo y de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas o cosas, y que se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto, con intervención de la Defensa Pública y los organismos de protección que el juez considere pertinente".

La petición se enmarca en la investigación en trámite por la ocupación del predio ubicado entre las vías del ferrocarril y la calle Lavardén, en Barracas, lugar en el que un grupo de personas se encuentran llevando adelante una toma de terrenos que pertenecerían a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) nacional.

La intervención de ATAJO se inició a pedido del padre Lorenzo “Toto” de Vedia, titular de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, del Barrio 21-24.

La presentación fue acompañada de un informe de actuación, a fin de sumar “elementos y consideraciones que pueden resultar de interés para los autos en trámite ante el Juzgado a su cargo”, que evidencian “a prima facie un estado de vulnerabilidad en las personas que se encuentran llevado adelante la ocupación del terreno”.

La petición al juez fue acompañada de un informe de actuación, labrado en el territorio, por los responsables de la agencia ATAJO de ese barrio, y en el mismo se detalla que el terreno cuenta con una superficie de alrededor 150 metros cuadrados, sobre el que se asientan alrededor de 60 carpas, uno de cuyos sectores se encuentra inundado y con barro.

Según testimonios recogidos en el lugar, la toma “se produjo tras la muerte de una joven de 15 años de edad, víctima del paso del tren por las viviendas del sector del barrio”, episodio que no sería asilado, ya que las personas entrevistadas refieren otros incidentes similares ocasionados a raíz de la cercanía de las vías con las viviendas.


Además, en el relevamiento se indica la falta de medicación e insumos básicos para algunos niños con enfermedades graves que se encuentran junto a sus padres ocupando el terreno, al tiempo que detalla que “personal policial no permite el ingreso de nadie al predio y si alguien sale no vuelve a ingresar”.

Según los testimonios recogidos, “uno de los menores quedó sin poder reencontrarse con su familia ya que al salir del predio, no pudo reingresar. Asimismo este impedimento se extiende a frazadas, mercadería y productos de higiene”.

Por último, la Dirección de Acceso a la Justicia manifestó al juez que “se encuentra a disposición para prestar la colaboración que estime necesaria”.

El juez Rafecas había solicitado este lunes el desalojo "pacífico" y "sin utilización de la violencia" del lugar.

Sin embargo, la determinación del magistrado generó tensión entre los ocupantes de las tierras.

Las fuerzas, por el momento, se limitaban a impedir el ingreso de materiales de construcción, con el objetivo de evitar la expansión y consolidación de los ocupantes.

El terreno ocupado se encuentra en inmediaciones de la estación Sola del ferrocarril Roca y la intervención del juez federal respondió a un pedido de la empresa Ferrosur.

En ese aspecto, las tierras estarían afectadas a una obra que llevarán delante de manera conjunta AySA y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) para proveer de agua potable a los vecinos de la Villa 21-24.

La toma comenzó el miércoles de la semana pasada, luego de que vecinos de la antigua Villa Zavaleta protestaran por la muerte de una adolescente atropellada por uno de los trenes de carga que transitan por el barrio.