Un tribunal oral federal sobreseyó a una odontóloga acusada de estafar a la Obra Social del Poder Judicial después de que la facultativa cumpliera con los términos de una probation de tres años y desembolsara 600 mil pesos en 36 cuotas mensuales.

El tribunal oral número tres, con las firmas de los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, tuvo por cumplidos los términos de la suspensión del juicio a prueba en relación con María Gabriela Pintado Rueda, una de las odontólogas denunciadas por la supuesta maniobra irregular.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando una auditoría interna de la obra social exclusiva del Poder Judicial detectó que un grupo de odontólogos aumentaron exponencialmente sus percepciones por sus prestaciones médicas.

Las autoridades de la obra social, que depende de la Corte Suprema de Justicia, denunciaron un presunto fraude que involucraba a los odontólogos y a funcionarios que percibían como retorno parte de lo que cobraban en más los facultativos.

En diciembre de 2018, Pintado Rueda acordó una probation en la que se comprometió a fijar residencia, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal y a realizar tareas comunitarias no remuneradas por 312 horas en la parroquia San Nicolás de Bari, de la Capital Federal.

Además, asumió “abonarle a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en concepto de reparación del daño, la suma de 600 mil pesos, pagaderos en 26 cuotas mensuales y consecutivas de 16.666,66 pesos”.

El tribunal oral dio por comprobado el cumplimiento de todas esas obligaciones que la odontóloga había asumido y, en consecuencia, dispuso su sobreseimiento definitivo.