El juicio oral por el derrumbe del boliche Beara, en el barrio porteño de Palermo en 2010, que causó la muerte de dos mujeres y heridas a otro medio centenar, comenzará el próximo 14 de febrero ante el Tribunal Oral número siete. El derrumbe de un entrepiso en el local que estaba habilitado para fiestas privadas pero en los hechos funcionaba como un salón de baile causó la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20.

Los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval celebrarán el debate para 18 imputados, entre ellos ex funcionarios del gobierno de la Ciudad, policías  y empresarios. El fiscal de juicio será Oscar Ciruzzi. El 10 de septiembre de 2010 el entrepiso del local colapsó por sus fallas estructurales causando la tragedia, una suerte de Cromañón a escala.

El fiscal que llevó adelante la investigación, Andrés Madrea, sostuvo al formular la acusación para el juicio que “tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche –tanto así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación”.

El fiscal dio “por acreditada tanto la existencia de los hechos que provocaran las muertes  y lesiones, como los pagos en cohecho y otros delitos relacionados, así como también la responsabilidad que en los mismos le cupo a los socios privados, sus mandatarios, gestores, organizadores y funcionarios imputados”.

“La habilitación mediante sobornos, su intervención en la construcción del entrepiso inidóneo, el aval y la inspección mentida, los documentos vencidos, y los avisos directos -esto tanto corre para los privados y los funcionarios-, son datos de la realidad”, remarcó Madrea.

Todos los imputados crearon –según la acusación- “una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos –activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes".

Entre los imputados figuran Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en “El Viejo Sabio S.A.”, que administraba Beara y otro local nocturno, todos acusados por “homicidio culposo agravado y sobornos”.

Leandro Camani y Matías Pantarotto están acusados por el trámite de habilitación, para el que –de acuerdo con la imputación- se efectuaron pagos ilegales. El maestro mayor de obras Gustavo Amaru está acusado de  “falsedad ideológica de documento público” por el respaldo a la construcción del entrepiso, en tanto que Maximiliano Fratino fue coorganizador de la noche en la que ocurrió la tragedia.

Los ex funcionarios que llegarán a juicio serán el ex titular de Habilitaciones y Permisos Martín Diego Farrell, el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, el ex jefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Cassano, el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones Isaac Rasdolsky, el inspector del Área de Esparcimiento Carlos Gabriel Mustapich y la ex directora de Fiscalización y Control Vanesa Berkowski.

Entre los policías figuran el ex comisario Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González. Las audiencias se realizarán los días lunes y miércoles.