La Cámara Federal de Casación mandó de regreso a la cárcel a una gitana condenada a nueve años por “reducción a servidumbre” de cuatro de sus nietos, a una de las cuales incluso le concertó un matrimonio cuando tenía 15 años de edad.

La mujer gozaba de prisión domiciliaria desde 2020 porque sufre la enfermedad pulmonar EPOC y es persona de riesgo por la pandemia, pero cuatro veces violó las condiciones de su detención.

Por ello, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso que la condenada, Paulina Aida Macaroff, revocó la prisión domiciliaria y dispuso que la mujer sea alojada en el penal más cercano a su domicilio, en esa ciudad bonaerense.

La defensa de Macaroff apeló el regreso a la cárcel común argumentando que “no se dio adecuado tratamiento y puntual respuesta a una serie de cuestiones esenciales y dirimentes planteadas por la defensa, relacionadas con la valoración particular de contexto, esto es, patrones socio culturales propios de la comunidad gitana, muy diferentes a los del resto de la población”.

“No tomó conciencia de que pudo haber cometido un delito, habiéndole costado mucho esfuerzo a esta defensa interactuar con la imputada para que pudiera comprender los alcances de la acusación”, añadió.

Macaroff fue condenada por haber ofrecido a su nieta, de 15 años de edad, quien vivía bajo su tutela luego de haber sido entregada por su madre a los ocho meses de edad, a un miembro de la comunidad gitana, en 2018 en Bahía Blanca, con la finalidad de concertar un matrimonio forzado y a cambio de una suma de dinero”.

Además, a otros tres nietos los sometió “a su autoridad bajo el empleo de violencia psíquica y física, y forzarlos a trabajar en su beneficio vendiendo objetos en la calle hasta altas horas de la madrugada, desde al menos enero de 2008 hasta el 9 de octubre de 2018”.

El fallo que ordenó su regreso a la cárcel evaluó que “más allá de reiterar la condición de miembro de la comunidad gitana de Macaroff la defensa no fundó los motivos por los cuales sería irrazonable ordenar la privación de la libertad en la unidad de detención más cercana a su domicilio”.

Los jueces Daniel Petrone y Ana María Figueroa subrayaron que “la revocatoria de la prisión domiciliaria busca garantizar los derechos de las víctimas –particularmente, los nietos y nietas menores de edad-, y de este modo respetar el estándar internacional de resguardo del interés superior del niño”.