Un total de 30 mujeres, una de ellas menor de edad, fueron rescatadas por efectivos de la Policía Federal tras siete allanamientos realizados en locales y domicilios particulares en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban dos locales que por las noches montaban fiestas clandestinas del tipo "Karaoke" y se ejercía la prostitución.

Personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA estuvo a cargo de la investigación y por el hecho detuvo a siete personas.

Los uniformados dieron cumplimiento a directivas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de María Romilda Servini, Secretaría número 2 de Sebastián Martínez, por una investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Alejandra Mangano.

Las mujeres rescatadas eran víctimas de explotación sexual y no solo eran argentinas, ya que también había ciudadanas brasileñas y venezolanas. 

La pesquisa se remonta a mediados del año pasado, cuando el magistrado solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina y del Departamento Trata de Personas, a fin de determinar la existencia de "karaokes" de origen coreano, su vinculación con un ciudadano residente en la ciudad de Buenos Aires, y la actividad de explotación sexual de mujeres de diferentes nacionalidades y el lavado de activos. 

El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de bebidas alcohólicas en el "Bajo Flores", y dos "karaokes", donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres de distintas nacionalidades, las que prestaban servicios de "acompañantes coperas", para luego retirarse a lugares íntimos, para mantener relaciones sexuales.

Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes. 

El traslado físico de las mujeres a los "Karaokes", lo realizaba un hombre de nacionalidad argentina, contabilizándose un total de 21 potenciales víctimas, regenteadas por la organización criminal, cuyos líderes hoy se encuentran a disposición de la Justicia. 

Para los allanamientos, la fuerza federal dispuso un impresionante despliegue de efectivos, los que incluyeron brigadas especializadas en la temática de trata de personas, grupos de contención para los locales de "karaoke", personal del Departamento Técnico del Cibercrimen y de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, para que aporten dos Aeronaves no tripuladas (para asegurar visión desde las alturas), encontrándose también durante el desarrollo de los mismos, personal de la Fiscalía y del magistrado interventor.

También concurrieron entes gubernamentales, tales como el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP: Protección de trabajo-Habilitaciones y permisos, Consejo de la niñez y Adolescencia, y de la Agencia Gubernamental de Control de CABA.

Del resultado de las entrevistas realizadas con las víctimas, se comprobó que había indicios del delito de explotación sexual, falta total de higiene y seguridad, y otras irregularidades comprobadas que motivaron la clausura de todos los comercios. 

Luego de ello se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada inmueble, trasladándolos al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina para realizar las diligencias judiciales de estilo, quedando los detenidos a disposición judicial.