Los planteos para declarar “prescripta” o “nula” la causa en la que se investiga la tragedia de Beara, el derrumbe del entrepiso de un boliche del barrio porteño de Palermo en 2010 que causó dos muertes y medio centenar de heridos, fueron rechazados por el Tribunal Oral número siete, que sustancia el juicio.

Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini desestimaron todos los planteos de las defensas de los 17 imputados, que en la primera audiencia del juicio buscaron ponerle fin anticipadamente al proceso.

Los planteos defensistas incluían  sobreseimientos, nulidades del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal que llevó adelante el grueso de la investigación, Andrés Madrea, y un pedido de prescripción planteado por la funcionaria porteña Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad y también investigada por las causas Cromañón e Iron Mountain.

Berkowski es actualmente funcionaria porteña aunque en un cargo de segundo orden; durante el gobierno nacional de Cambiemos se desempeñó en el área de Deportes y argumentó que ninguna de esas funciones están relacionadas con las que detentaba cuando ocurrió la tragedia de Beara.

En consecuencia, reinterpretó una normativa procesal que indica que mientras uno de todos los imputados por un hecho relacionado con la administración pública ocupe un cargo de esa naturaleza, la prescripción no rige.

Sobre esa norma se basaron los jueces para rechazar el planteo de Berkowski, en sintonía con los que había postulado el fiscal Oscar Ciruzzi.  Los jueces rechazaron los pedidos de sobreseimiento formulados por varios imputados y sostuvieron que es en la instancia de juicio donde deben “evaluar si hay elementos suficientes para acusar o condenar”.

De todos los imputados, el único que aceptó declarar ante el tribunal fue el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Damián Saikauskas, quien negó haber recibido coimas para habilitar el local donde funcionaba Beara.

Saikauskas explicó que su función era controlar que la documentación para la habilitación estuviera en regla y “no había documentos que mencionaran un entrepiso”. “Yo no estaba enterado de la existencia del entrepiso. No era mi función controlar el lugar, yo sólo miraba documentos”, dijo.

La próxima audiencia será el lunes 21 de febrero. La duración del juicio oral, que se realiza de manera mixta (virtual y presencial) fue estimada en unos cuatro meses.