La Justicia rechazó un pedido de careo formulado por la defensa de Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante detenido por presuntamente haber violado a una joven venezolana en su primer día de trabajo en una empresa textil en el barrio porteño de Balvanera a fines de enero pasado.


“Esa medida significaría un injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso que toda autoridad debe evitar, concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado”, sostuvo la jueza de instrucción penal Karina Zucconi, siguiendo un dictamen de la fiscal Silvana Russi.


La jueza reiteró que “se ha alcanzado el grado de probabilidad suficiente para sostener la materialidad del hecho investigado, como la participación que se le ha dirigido a Garzón Martínez, con los alcances del auto de procesamiento firme dictado a su respecto”.


La defensa de Garzón Martínez, a cargo del abogado Osvaldo Cantoro, había pedido la reconstrucción de los hechos que damnificaron a la joven venezolana, de 18 años de edad, y la realización de un careo para confrontar las versiones de uno y otra.

“Sin desconocer que el imputado y la damnificada han brindado versiones contrapuestas acerca de lo sucedido, considero que no corresponde hacer lugar a su producción”, sostuvo la fiscal Russi y coincidió la jueza Zucconi.

La jueza -cuya actuación fue severamente cuestionada porque tras los hechos dejó en libertad al imputado, decisión que luego fue corregida por la Cámara del Crimen- advirtió además que “aún se encuentran vigentes las medidas cautelares en sede civil -prohibición de acercamiento y contacto del imputado hacia la victima- las cuales no podrán ser vulneradas con la producción de medidas de prueba como las peticionadas”.

El pedido de la defensa de Garzón Martínez fue rechazado, también, porque la presunta víctima “ya ha prestado declaración, y ha manifestado no recordar ciertos tramos del hecho que el defensor pretende esclarecer con las medidas solicitadas”.


El fallo subraya además que, tal como lo propuso el abogado de la venezolana, Pablo Baqué, “debe tenerse en cuenta lo que surge del informe interdisciplinario de situación de riesgo confeccionado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también el elaborado por el Cuerpo Médico Forense en el que ambos mencionan el altísimo riesgo psico físico y emocional de la víctima y el estrés postraumático que padece”.


Garzón Martínez permanece detenido desde el 4 de febrero pasado, con un procesamiento firme en su contra por “abuso sexual agravado con acceso carnal” y a la espera del avance del expediente hacia la etapa de juicio oral y público.

Garzón Martínez, de 35 años de edad, era el dueño de un comercio de indumentaria médica situado en la calle Paso, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí acudió la joven venezolana a trabajar, empujada por una complicada situación familiar derivada de un grave cuadro de salud de su padre. Al final de la primera jornada labora, el imputado le habría ofrecido algo de beber, presuntamente con un narcotizante, bajo cuyos efectos mantuvo relaciones sexuales no consentidas (según la acusación) con la muchacha.

La víctima alcanzó a avisar a sus familiares sobre lo que estaba ocurriendo y la policía llegó al lugar prácticamente al final de la escena: encontró a la mujer en muy mal estado y al presunto agresor intentando escapar del lugar, según consta en el expediente judicial.