El único policía detenido como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a “trapitos” y comerciantes de los barrios porteños de Núñez y Belgrano, el ex comisario Norberto Federico Villarreal, recuperó la libertad por decisión del tribunal que lo condenó a cinco años y medio de prisión.

Los jueces Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani le impusieron como medida de “morigeración” de su detención el control mediante una tobillera electrónica y la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal.

No obstante, esta última cláusula no será obligatoria mientras dure la pandemia de Covid-19.

El fiscal de juicio, Fernando Fiszer, y la tercera jueza del tribunal, Claudia Moscato, se habían inclinado por mantener el estado de detención de Villarreal.

Pero por mayoría, el tribunal consideró que el ex comisario “lleva en estado de detención más de tres años y que fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, por lo que al cumplir los tres años y ocho meses de encierro podría, en caso de cumplir con el resto de los requisitos formales, ser incorporado al régimen de libertad condicional”.

En ese sentido, resaltó la buena conducta y concepto que mereció su conducta en la cárcel y “la promesa del imputado de someterse al procedimiento y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que se designe, medida ésta última que quedará suspendida mientras dure la emergencia sanitaria”.

La detención de Villarreal fue ordenada el 2 de noviembre de 2016 pero sólo se concretó el 25 de abril de 2018,  después de permanecer un año y medio prófugo.

En el juicio que finalizó recientemente, en el que fueron absueltos los ex jefe de la Policía Federal José Pedro Potocar y Guillermo Calviño, Villarreal fue condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos “por resultar jefe de una asociación ilícita, en concurso real con concusión reiterada -en al menos tres oportunidades- en calidad de coautor”.

El fiscal Fiszer había considerado que “está acreditado el peligro procesal de fuga del acusado” pues ya estuvo prófugo  y ante “la gravedad y naturaleza de los delitos atribuidos, su repercusión social y la facilidad que demostró Villarreal para profugarse” justificaban mantener la detención.

“El dictado de una sentencia condenatoria, aunque no se encuentra firme, significa un indudable avance en la responsabilidad penal de Villarreal”, resumió.

Pero su postura no fue compartida por la mayoría del tribunal.