La mirada de una intelectual formada en filosofía siempre será, indefectiblemente, más profunda, incluso que aquellos que eligen el Derecho como forma de vida o la política como profesión para legislar. Detrás de cada sentencia o de cada norma aprobada existe un sistema de ideas que opera como fundamento.

El diálogo con la doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, experta en bioética y temas de Justicia penal, Diana Cohen Agrest, intenta develar los criterios con los que se legisla, juzga y sanciona delitos graves en la Argentina que ha hecho de la inseguridad una de las materias pendientes de resolución desde el retorno de la democracia en el año 1983. 

Hace unos días murió en un tiroteo con la policía Alfredo Aníbal Albornoz, un  peligroso delincuente con dos condenas por asesinato integrante de la banda del Gordo Valor, que estaba prófugo desde hacía algunos meses después que un juez convalidara que estuviera preso en una cárcel de mínima seguridad de la que, obviamente, se escapó.  La pregunta que cualquier ciudadano puede hacerse es ¿cómo se explica que un delincuente, con dos crímenes encima, gozara del beneficio de haber estado detenido en una prisión como la de Melchor Romero, de régimen semi abierto?

La estructura del sistema penitenciario se basa en hipótesis, en realidad, en una quimera, cuando sostiene que la prisión está “dirigida a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno” y para ello se basa en el “sistema de progresividad”, que procura “limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas, o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina” (art. 6 de la L 24660). Por eso, en condenas de larga duración, se traslada a los internos a “colonias” penales de semi libertad.  El problema es que los “viejos presos” aprenden a ser “buenos presos”, entonces en vez de considerar el hecho por el cual está detenido, se evalúa el “interés, la comprensión y la activa participación” del preso en las actividades de la cárcel, haciendo talleres de armado de bolsas de papel, jardinería, teatro, etc.,  y, por lo tanto, “evolucionan en su progresividad”.

Este sistema permite que un delincuente peligroso como Albornoz termine alojado en un penal semiabierto y se fugue para volver a delinquir. Así de simple.

 “Mi profesión es contratar sicarios para tirar tiros a jueces” dijo el líder de la banda narco criminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, a los jueces que lo juzgan por doce ataques a balazos en la ciudad de Rosario. ¿Qué opinión le merece este nivel de amenazas a la autoridad civil?

Recuerdo una frase condensada en el refranero popular, los jueces "están tomando una cucharada de su propia medicina". Con el advenimiento de la democracia, se implantó un ideario abolicionista que consiste en una constante concesión de derechos a quienes violan la ley. Con el programa de estímulo educativo inaugurado en el 2011, se puede estudiar derecho en las cárceles. Creo que es el único o uno de los pocos países donde se dicta esa carrera universitaria que termina transformando un modo de vida delictivo en un medio de vida también delictivo: el profesional asesora a otros internos para "zafar" lo mejor posible u obtener beneficios optativos. Si el juez no lo concede, puede ser cuestionado por el defensor. Hace años que los presos tienen teléfonos y computadoras en las celdas, y con la excusa de la pandemia, estos dispositivos fueron legitimados desde el Estado. En Estonia, por ejemplo, difícil que ocurra algo así porque el preso solo tiene acceso a Internet para conocer el estado de su causa, pero no tiene acceso a ninguna otra página ni a las redes sociales ni a nada de lo que gozan aquí. Como cualquier mafia "extramuros", los "privados de libertad ambulatoria", y lo digo con los mismos términos con los que se regodean los operadores jurídicos, pueden amenazar o matar a jueces....  lo mismo que venía pasando con la gente de a pie. Pero tantos beneficios de los jueces a los delincuentes, hoy se les volvió en contra. Y esto recién empieza....

¿Existe una utopía abolicionista del derecho penal? Y si se encuentra presente en nuestra sociedad ¿ cuáles son sus principales características? 

El programa utópico diseñado por Zaffaroni en su libro "En busca de las penas perdidas", hoy dejó de ser una utopía y es una realidad que castiga a los más pobres.

Uno de los argumentos del abolicionismo sostiene que el castigo no tiene sentido y no es ético porque no se puede corregir el mal con el mal. Con esta expresión buenista, se apropian de una objeción clásica que no es sino una salida hábil pero falaz, pues en ella se juegan dos sentidos de la palabra “mal”.

En un primer sentido, se alude al mal intrínseco producido por quien comete un daño a otra persona. En un segundo sentido, la pena es un mal instrumental que se torna un bien, en tanto es ejercida como un medio legítimo para producir un bien para el mismo criminal, objetivo de rehabilitación, o un bien para la sociedad, objetivo de disuasión al inducir a desistir del delito, por una parte, y objetivo de neutralización al impedir que continúe delinquiendo, por otra.

El castigo 

En consecuencia, en este segundo sentido, el castigo es instrumentalmente bueno. Quienes declaran que no se puede corregir el mal con el mal, no advierten que se retribuiría el mal con otro mal si se ejerciera justicia por mano propia, acabando por mano propia con la vida de quien delinquió. Pero cuando se exige la aplicación de la ley en un debido proceso, lo que se juega no es un nuevo mal sino la restauración de la justicia, que siempre es un bien.

Si bien el concepto de Justicia puede ser puesto en cuestión como enseñó Platón a través de Sócrates la ley parece ser la herramienta menos mala hasta que se alcance la sabiduría y se pueda juzgar rectamente. ¿Están nuestros legisladores a la  altura de las necesidades de la sociedad?

Desde el nacimiento del Estado moderno hasta la fecha, la profusión de teorías del derecho fueron corroborando, con menor o mayor virulencia, la antigua máxima sofística del libro I de República, el célebre diálogo de Platón, pronunciada por un sofista, Trasímaco, cuando sentencia: “La justicia no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte” [Platón, 1972: 113], representada hoy por el abolicionismo penal. 

Dice  Trasímaco: "¿No dicta cada gobierno las leyes que le conviene? ¿El demo-crático, democráticas, el tiránico, tiránicas, y así las demás?  Establecidas las leyes, los gobernantes demuestran que para los gobernados es justo lo que a ellos les conviene. ¿No castigan a quienes violan esas leyes como culpables de una acción injusta? […] en todas las ciudades, la justicia no es sino la conveniencia del gobierno establecido. Y éste, de una u otra manera, es el que tiene poder. De modo que para todo hombre que razone sensatamente, lo justo es lo mismo en todas partes: lo que conviene al más fuerte […] y lo injusto en lo más conveniente y provechoso para uno mismo".

En este diálogo Trasímaco intercambia ideas principalmente con Sócrates, en cuya boca pone Platón sus propias ideas. Unas páginas más adelante, Sócrates dice: si existiera una sociedad justa, en esa sociedad las leyes estarían de más.  

Hace 2.500 años ya se condenaba los actos que nuestros legisladores vienen repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en medio de la pandemia, con el enorme número de pobres que se acrecienta cada día más, se aumentaron las dietas.

En otra de sus obras, Critón, Platón narra la escena en la que los amigos de Sócrates lo visitan la noche anterior a su ejecución, ofreciéndole huir de la ciudad y, de este modo, salvar su vida. ¿Qué responde Sócrates? Personifica a las leyes de Atenas, diciendo algo así: "Imagínense ustedes que me visitan Las Leyes, y me dicen: ¿Cómo es posible, Sócrates, tú que luchaste toda tu vida para que los ciudadanos atenienses se formen en el respeto de la ley, cómo puede ser que ahora que se debe aplicar la ley en tu contra, huyas vilmente de Atenas, impidiendo tu ejecución?" Hoy nos parece impensable, porque pudiendo salvar su vida, prefiere morir porque huir era desdecir lo que siempre había predicado, el espíritu de su lucha.

Volviendo a nuestra clase política, es lamentable: carecen de ideas, de formación, y sólo buscan cargos. Porque una vez que se entró en la política, tenés asegurado un sueldazo de por vida, saltando de cargo en cargo, de bloque en bloque, de partido en partido. Los rehenes somos nosotros. 

El nuevo ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, aseguró que tiene cientos de presos alojados en comisarías y que necesita que se construyan más cárceles. https://noticiasargentinas.com/politica/marcelo-d-alessandro-en-la-ciudad-disminuimos-el-robo-y-el-hurto-en-torno-a-un-60 ¿Cuál es el panorama del servicio penitenciario nacional y provincial? ¿Existe una resocialización efectiva de los reclusos?

La vieja cárcel de Devoto, hoy “Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es uno de las prisiones más grandes del país, tiene capacidad para 1.683 internos, y funciona en plena ciudad desde hace casi 100 años. Desde hace muchas décadas se anunció su “traslado”.

De hecho, la construcción de la cárcel de Marcos Paz, “Complejo Penitenciario Federal II, en 1999, tuvo el claro objetivo de ser ocupado por los detenidos que habría de transferirle la ex Unidad 2 de Devoto. Pero la espiral creciente de demanda de plazas de encarcelamiento impidió concretar esa previsión.
Doce años después, en 2011 el gobierno  anunció el cierre de Devoto y la construcción de una nueva prisión en Agote, en Mercedes, con una capacidad total de 1612 plazas, adonde trasladarían a todos los internos.

En los cinco años siguientes, solo se había construido el 8% de la nueva prisión, y en respuesta a los reclamos de los vecinos de Devoto, anunciaron que la prisión de Agote se iba a concluir en “a fines de 2018”.

En marzo de 2018, el Gobierno de CABA anunció el traslado de los presos de Devoto al penal de Marcos Paz, para lo cual se iban a costear las obras de ampliación, una gran ampliación para 2.240 internos, anunciada con bombos y platillos. Las obras iban a comenzar a fines de ese mismo año e iban a concluir en 2021. Por supuesto, el terreno “libre” que iba a quedar iba a ser un gran negocio inmobiliario.

En 2020 las obras habían comenzado, pero estaban muy demoradas, los cálculos oficiales hablaban de un cincuenta por ciento de avance de obra.

Comenzaron las liberaciones masivas de presos, los motines para lograr más solturas y llegamos al motín del año pasado con la negociación cediendo la liberación de presos. En noviembre del año pasado Larreta anunció que, por el “recorte” del presupuesto a la Ciudad, se cancelaba la ampliación de Marcos Paz y el traslado de la cárcel de Devoto. Retrocedimos casilleros hasta 22 años atrás, cuando se construyó Marcos Paz. Y así seguimos… 

¿Cuál es su opinión acerca de la gran cantidad de personas que permanecen privadas de su  libertad sin condena firme? Produciendo una superpoblación carcelaria que, eventualmente, terminan en liberaciones masivas donde salen un asesino serial y un ladrón de gallinas. Entiendo que desde la asociación civil Usina de Justicia que preside están analizando el tema.

Antes de la irrupción del abolicionismo penal, la doble instancia que manda los tratados internacionales permitía que la sentencia inicial pudiera ser apelada, usualmente por cualquiera de las partes, tanto el procesado como el fiscal o la querella que representa a la víctima, ante un tribunal superior que podía revisarla.

Pero por una interpretación falaz que favorece a los procesados, hoy se aplica el “doble conforme”: para que haya una condena firme, son necesarias dos sentencias sucesivas de condena.

En cambio, para absolver a un procesado basta con una sola sentencia absolutoria. En otras palabras, para condenar, necesitas de más de un tribunal: en la provincia de Buenos Aires, pueden ser hasta siete tribunales, cada uno de los cuales va revisando la causa, mientras tanto, el procesado puede estar preso sin condena. Pero para absolver, basta un tribunal.  

Efecto de ese dislate de nuestro sistema jurídico es que convivimos con cárceles llenas de presuntos inocentes porque, con semejante embudo, “nadie es culpable”, y cada preso apela a la instancia superior hasta que finalmente es sobreseído o prescribe la pena.

Este artilugio jurídico es funcional al abolicionismo pues permite que el buenismo cultivado en nuestras tierras proteste diciendo que las cárceles están repletas de gente inocente.