La ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N° 26.657 nació envuelta con polémica y, al reglamentarse, no hizo más que alimentar una controversia que parece no tener fin entre los que la defienden con uñas y dientes y quienes la critican exponiendo casos violentos que saltaron a la opinión pública.

El caso Chano, Santiago Moreno Charpentier de 39 años y cantante de la agrupación Tan Biónica, es el más reciente y el que más comentarios a suscitado en los últimos meses pero también podría anotarse el tremendo caso del inspector de la Policía Federal Argentina, Juan Roldán, asesinado de cuatro puñaladas  en el barrio porteño de Palermo el 28 de septiembre del año pasado, por un hombre, Rodrigo Facundo Roza, con alteraciones mentales que, previamente, había amenazado a otros  transeúntes y que terminó baleado luego de herir de muerte al inspector de la Policía Federal.

Dos casos que trascendieron a la opinión pública pero que tan sólo representan la punta de un iceberg que esconde un enorme problema potenciado por la pandemia y las cuarentenas a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus y el incremente, año tras año, de las adicciones en la población argentina.

Precisamente, el ítem de las adicciones es el que ha disparado las críticas a una ley que parece no conformar a casi nadie, ni a los profesionales de la salud ni a los legisladores, que están analizando presentar un nuevo proyecto, ni a los familiares de personas  con problemas de adicciones como puso, en blanco sobre negro, Marina Charpentier, la madre del famoso cantante Chano que terminó baleado por un policía en medio de una crisis, “sólo pido que hagan algo con la ley de Salud Mental porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Hay miles de madres que están golpeando puertas y nadie las escucha”, explicó de manera clara y concisa, Marina Charpentier.

Para la filósofa Diana Cohen Agrest, titular de Usina de Justicia, la ciudadanía debe cuestionarse "¿qué está ocurriendo en Argentina? donde hay gente que debería  estar medicada y en otras condiciones y, sin embargo, está absolutamente desamparada por el Estado".

Esta pregunta fue la cuestión que dio comienzo a un zoom con profesionales de la psiquiatría y de otras profesiones que analizaron el estado actual de la norma y de su cumplimiento, a once años de aprobada, y la posibilidad de modificarla o de aprobar otra ley.

Una idea que ya se dialogó en otro encuentro virtual a fines del mes de Agosto, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la legisladora Claudia Najul de la UCR afirmó “se calcula que un cuarto de la población tiene padecimientos mentales y muy pocos de ellos acceden a servicios integrales de salud mental, ya sea de prevención, tratamiento y cura”.

La legisladora resaltó la necesidad de poner el tema en agenda “en este momento de pandemia que ha generado tantas secuelas en la salud mental de la población y en la salud emocional”.

Al respecto, el experto en adicciones y titular de Gradiva, Juan Alberto Yaría, especificó en una editorial en el diario La Prensa que "han aumentado las demandas sanitarias de los familiares de muertos por Covid; a lo que hay que sumar que hubo casos de agravamientos de depresión con abuso de alcohol y drogas que demandaron atención en comunidades terapéuticas con cuadros delirantes y alucinatorios. Las mayores torturas fueron cuando los pacientes estaban en confinamiento por COVID en su casa con consumo voraz y sus padres eran atónitos testigos de ese consumo y en muchos casos le facilitaban dinero para que no saliera a robar para consumir. Mundos paralizados, monótonos; todos los días lo mismo. Levantarse, consumir, pedir dinero y así seguir.  En otros casos los familiares eran sobornados por “dealers” en cifras millonarias por deudas de sus familiares o estos tenían que ser “carrier” de los narcos para saldar las deudas inclusos en sus propios autos”.

Un panorama social desolador que puso bajo presión la implementación de la ley de Salud Mental con nuevos desafíos producto de la aparición del coronavirus.

Frente a estas exigencias el médico psiquiatra, profesor universitario y forense de la Corte Suprema de Justicia, Andrés A. Mega, explicó, en el zoom organizado por Usina De Justicia que “la ley no es progresista, ni promueve los derechos humanos porque existe un desmantelamiento presupuestario para su aplicación”.

En este punto hubo coincidencia con el análisis de Melina Michniuk, residente de psicología del hospital Elizalde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en otro encuentro virtual organizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sostuvo “ tenemos que pensar los obstáculos para la implementación de la ley…el bajo presupuesto históricamente destinado a la salud y salud mental y que se emplea sobre todo a los sectores privados, manicomios y se sigue recortando en pos de pagos de deuda y los compromisos con el FMI”.

https://www.youtube.com/watch?v=Siq9CvWsi1c&t=1s&ab_channel=LidCaba

Desde luego que hasta las cuestiones presupuestarias llegan las coincidencias entre los participantes de los dos zooms. Cuestiones ideológicas y de visión de la sociedad separan las posiciones en torno a la viabilidad de la ley de Salud Mental.

El Dr. Andrés Mega afirmó acerca de la redacción de la ley vigente que “el texto resulta ambiguo, y fue redactado y sancionado con escaso debate, poco conocimiento y sin la presencia de instituciones ni expertos en salud mental. Descategorizando el concepto de salud mental y transformándolo en sufrimiento o padecimiento psíquico”. La exposición completa de los participantes se puede consultar en, https://usinadejusticia.org.ar/

En ese coloquio se habló también del avasallamiento sobre  las incumbencias profesionales que generó la reglamentación de la norma y se denunció el hecho que sólo el psiquiatra puede prescribir psicofármacos.

Además, Mega aseguró “se creó un órgano de revisión que se convirtió en un mecanismo persecutorio sin participación de psiquiatras, impidiendo la internación psiquiátrica breve para observación, lo cual afecta la decisión del profesional”.

Estas decisiones son luego padecidas por personas de carne y  hueso. La locutora y periodista Luciana Giordano vivió hace unas pocas semanas una situación que grafica el desamparo del Estado hacia las personas con padecimientos mentales denunciado por Cohen Agrest.

“Mi prima es bipolar y con problemas de adicciones. Hace unos días sufrió una crisis psicótica en mi casa y los vecinos ante tantos  gritos terminaron por llamar a la policía. Se había encerrado en una habitación e  intentó quitarse la vida. Ante esa situación llame al sistema del SAME psiquiátrico y de mala manera me  dijeron que sin orden de un juez competente no podían enviar un psiquiatra. La policía de la Ciudad. ante la agresión de mi familiar, llamó al juzgado de guardia y no estaban ni el fiscal ni el juez de turno. Finalmente, vino una médica del hospital Pirovano que no quiso ni tocarla ni darle un  calmante y los oficiales de policía lograron trasladarla al hospital y allí le aplicaron algunos calmantes. Pero, de ninguna manera, la trataron por su  enfermedad de base ni por su adicción”, relató.

Este último punto suele ser escuchado reiteradamente por el diputado nacional, Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, quien se encuentra trabajando en un proyecto de ley para reformar la Ley de Salud mental y, además, anunció que están preparando una propuesta de Ley Integral para las Adicciones “que garantice el tratamiento de las personas adictas”.

Uno de los  puntos centrales de la cuestionada  ley es el plan abolicionista hacia los  neuropsiquiátricos. En este punto es donde se encuentran graves divergencias de opiniones entre profesionales porque se trata, desde el punto de vista práctico, de la internación de personas contra su voluntad.

Para el psicoanalista y escritor, Martin Smud, en un editorial del diario Página 12, “la polémica queda saldada en el punto de que es posible la internación involuntaria como un recurso excepcional donde exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Esta internación deberá notificarse rápidamente a un juez competente. Y siempre se propone transformar la internación en voluntaria. Y,  quedan exceptuados,  aquellos casos que lleguen por el código penal. Tema crucial porque no es lo mismo la internación no voluntaria de quien tiene un brote psicótico de quien llega con un asesinato o violencia ya penalizada”.

Sin embargo, para Ricardo Risso, Jefe de Internación del Hospital José T. Borda, la ley está llena de inconsistencias y ofrece ejemplos, “el artículo referido a las historias clínicas de los pacientes; o aquel que explicita que los profesionales no deben someter a los pacientes a trabajos forzados, por atentar contra el esfuerzo y la idoneidad del personal que diariamente sostiene el sistema de salud. Además, no se comprende que los psiquiatras no puedan indicar o prolongar una internación por necesidad social o de vivienda. Y la dificultad de internar a las personas contra su voluntad, aunque representen riesgos para sí mismos y para terceros”.

Martin Smud, sostiene que “ la ley indica que las internaciones deben ser realizadas en hospitales generales, cuestión que lleva a la necesidad de dotarlos de los insumos y recursos necesarios pero también es taxativa de prohibir “trato indigno o inhumano” en cualquier institución, lógica que para muchas personas puede sonar descontextualizado pero para quienes recorreremos o hemos recorrido instituciones cerradas o neuropsiquiátricos son moneda corriente”.

En ese sentido, la Asociación de Psiquiatras Argentinos ha advertido acerca de la falta de precisiones que tiene  la ley y la escasa creación de centros de atención intermedia junto a la equiparación de los psiquiatras a los psicólogos cuando se trata de evaluar y decidir sobre un paciente. En una declaración señalaron que  “al día de hoy en la práctica la reglamentación de la ley es baja, el presupuesto del 10% asignado por la misma está muy lejos de concretarse, por lo que el recurso tanto humano como de infraestructura hace que sigamos transitando una compleja zona de grises donde se terminan exponiendo pacientes, profesionales intervinientes y a la sociedad misma en su conjunto a complejas situaciones”.

Finalmente, es válida y concluyente la opinión del Defensor Adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien recibe numerosos reclamos de los  ciudadanos bonaerenses y lo llevó a sostener que “la ley de Salud Mental no brinda respuestas adecuadas en casos de adicciones. El caso de Chano refleja una situación que se repite diariamente, madres, padres, hermanos, familiares, amigos, reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que sufren en carne propia las adicciones y no pueden valerse por sí mismos, volviéndose peligrosos para sí mismos y para terceros”, explicó.