El juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento de un pastor evangélico por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada en nueve hechos, ya que engañaba a jóvenes que se encontraban realizando tratamientos de rehabilitación de adicciones.

Además, Inchausti procesó a Roberto Luis Justo Tagliabue, de 58 años, por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida mediante amenazas en un caso y con fines religiosos en siete casos, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre respecto de 97 animales y maltrato contra 154 animales.

Según se indica en el fallo, las víctimas de trata de personas eran, en general, jóvenes en situación de vulnerabilidad, con consumo problemático de estupefacientes o alcohol, quienes debían realizar venta ambulante de panificados, de productos de limpieza y plantas y la atención comercial de una forrajería, como parte de un tratamiento de rehabilitación.

"El encausado actuaba bajo el pretexto de un tratamiento terapéutico destinado a personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes y/o alcohol, que no era tal en la práctica, imponiendo sus normas y restricciones, y obligándolos a trabajar para su beneficio personal, en perjuicio de la mayoría de las víctimas de autos", indicó el juez, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

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En la resolución, el magistrado además trabó embargo en los bienes del imputado por 27 millones de pesos, como medida cautelar tendiente a garantizar la posible pena pecuniaria, la indemnización civil y las eventuales costas del proceso.

La fiscala Laura Mazzaferri había solicitado en julio pasado la detención de pastor y el allanamiento de diferentes locales vinculados a la organización que lideraba.

Según se informó, el imputado se encuentra a cargo de un instituto perteneciente al programa de Institutos Bíblicos por Extensión del Departamento de Educación Cristiana de la Unión de las Asambleas de Dios y principal administrador de la Iglesia Evangélica "El Shaddai".

Al dictar el procesamiento, el juez sostuvo que el delito de trata con fines de explotación laboral resulta agravado en el caso por ser el imputado ministro o autoridad de culto, por mediar engaño y amenazas, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad y de una persona con discapacidad.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado captaba y acogía a las víctimas de trata, al menos, desde el año 2001 a través del denominado Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), conocido como “Hogar”, y en la iglesia "El Shaddai", donde oficiaba como pastor.

Ambos lugares, que no contaban con habilitación y que fueron clausurados en el marco de los procedimientos ordenados por el juez Inchausti, funcionaban en Génova 8149 (planta alta) y Brumana 2261, respectivamente, en la ciudad de Mar del Plata.

Según se pudo determinar en la investigación, el tratamiento de rehabilitación incluía el encierro en la institución de los jóvenes, sin contacto con el exterior por el término de 45 días, y la posterior salida, primero acompañados y después solos, a realizar tareas de venta de los diferentes productos que comercializaba la organización.

Las víctimas tenían largas jornadas de trabajo a cambio de una ínfima porción de las ganancias, que quedaban en su mayor parte en manos del imputado; y además tenían que realizar tareas de limpieza y mantenimiento no remuneradas de las instalaciones donde vivían.

La causa se inició con una denuncia formulada el 31 de agosto del año pasado por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata ante la Fiscalía Federal Nro. 1 de Mar del Plata.

El organismo denunció que parte de los negocios vinculados a la Iglesia “El Shadai” a cargo del imputado eran una forrajería y, también, una verdulería y un mercado, donde trabajan jóvenes que no recibían pago por el trabajo que realizaban. Indicó que el ahora procesado era el líder del accionar ilícito que allí se perpetraba.
Marcó también que el imputado mantenía animales cautivos, especialmente aves y reptiles en peligro de extinción, los cuales comercializaba ilegalmente.

Las distintas especies fueron encontradas durante los allanamientos practicados en la causa por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, en función de ello, le fueron imputados al procesado los delitos relacionados al maltrato animal y al tráfico ilegal de fauna.