Un ex juez federal, con lazos con un grupo de gendarmes, fue procesado acusado de cometer todo tipo de delitos: desde tráfico de influencias para no cumplir las funciones a su cargo, de filtrar información para adelantar allanamientos a un clan narco de la zona y hasta solicitar sobornos para un narco que salía de la cárcel.

Se trata de Miguel Aranda, un abogado que ofició de juez durante dos años el juzgado federal de Roque Sáenz Peña. A este caso se le suma también la situación de otros tres jueces bajo sospechas de corrupción: el ex magistrado de Salta Juan Reynoso, quien fuera condenado a 13 años de prisión por connivencia con el narcotráfico, al igual que las sospechas sobre el ex de Corrientes Carlos Vicente Soto Dávila, que está en etapa de juicio, y el actual de Mendoza Walter Bento, con un expediente en el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito. 

Uno de los hechos por los cuales se comenzó a investigar a Aranda fue porque se descubrió que un grupo de Gendarmes del Escuadrón 1 armaban causas judiciales en controles ruteros, a cuyos vehículos le “plantaban” la droga para luego amenazarlos con armarles causas judiciales si no pagaban una suma de dinero.

Ante el análisis del teléfono de dos jefes de Gendarmería, Cristian Marangón y Ernesto Sheurman, surge que ambos hablaban sobre un camión que había sido parado en la ruta por problemas de papeles pero como el mismo estaba vinculado a la familia del entonces juez Aranda le permitieron seguir su ruta. Concretamente, era de una empresa cuñada del ahora ex magistrado.

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El juez Aranda fue incluso quien tenía la causa y le había dictado la “falta de mérito” a los gendarmes que incumplieron las funciones, algo que llamó la atención y se estableció la conexión del funcionario judicial con ese camión que pertenecía a su cuñada. 

Otro de los puntos por los que fue procesado es porque se comprobó que desde el juzgado de Aranda se filtraba información previo a allanamientos por narcotráfico del conocido “Clan Sosa”, el cual maneja el negocio de las drogas en la zona de Roque Sáenz Peña. Fueron varios los allanamientos en donde al llegar la fuerza de seguridad, los narcos se habían dado a la fuga momentos antes. La sospecha es que el juez Aranda filtraba la información a un gendarme y éste a la organización narco en cuestión.

Incluso, se acreditó que la droga que los gendarmes acusados del Escuadrón 1 utilizaban para “plantarla” en los controles ruteros, les era proveída por el “Clan Sosa” y la misma era robada del centro de Gendarmería con esos fines ilegales. También la acusación contra el juez Aranda es que habría pedido una coima de 1 millón de pesos a un preso por narcotráfico, Aníbal Marcelino Rodríguez, para otorgarle la prisión domiciliaria. 

Ahora, Aranda fue procesado por la jueza Zunilda Niremperger por los delitos miembro de asociación ilícita en concurso real con tráfico de influencias, prevaricato (esto es dictar fallos contrarios a derecho), e incumplimiento de los deberes de funcionario público.