La fiscalía y la querella que representa a la familia del joven Franco Casco, cuyo cadáver apareció flotando en el Río Paraná en 2014, pidieron la pena de prisión perpetua para un grupo de policías rosarinos acusados de haberlo torturado y asesinado en una comisaría local.

Los abogados Mariano Maciel, Luciano Hazan y Andrés Pennisi, quienes asisten a la familia de la víctima en representación de la Defensoría General de la Nación, reclamaron la máxima pena para los acusados por la desaparición de Casco, el 6 de octubre de 2014 en Rosario.

Tras el crimen, el cuerpo permaneció desaparecido durante 24 días, hasta que apareció en las aguas del río que baña las costas de Rosario.

La autopsia determinó que fue arrojado sin vida al Paraná y que la data presunta de la muerte coincide con la de la desaparición.

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Durante el alegato de la querella, el letrado Pennisi repasó los relatos de detenidos en la Comisaría Séptima de Rosario, que escucharon y vieron lo que ocurrió entre  la noche del 6 y la madrugada del 7 octubre de 2014.

Gritos, quejas, ruidos de desplazamientos violentos e incluso un breve contacto con la víctima, alojada en una pequeña e inhóspita celda conocida como "la Jaulita".

La pena que pidieron los querellantes coincide en lo esencial con la que ya había requerido anteriormente el fiscal Fernando Arrigo.

La querella sostuvo que  “el sometimiento de Franco Casco a salvajes torturas en una comisaría no fue una casualidad, sino que fue un caso más dentro de un patrón de conducta de la policía de la provincia de Santa Fe, pero también de otras policías en la Argentina”.

Esa práctica –según la acusación- contó luego con la colaboración de funcionarios de asuntos internos de la Policía provincial para el encubrimiento de los hechos.

Un total de 14 policías –de 19 imputados- fueron acusados por los delitos más graves y recibieron los pedidos de perpetua, en tanto que otros dos fueron considerados “partícipes secundarios” y los alegatos reclamaron para ellos penas de entre 14 años y diez meses y 15 años de cárcel.

Para otros dos, acusados por “encubrimiento”, el pedido de penas oscila entre cinco años y diez meses  y seis años de prisión y uno no tuvo pedido de condena.

Además, los representantes de la Defensoría General que asisten a la familia Casto reclamaron “medidas reparatorias”, entre ellas la señalización de la Comisaría como el lugar donde ocurrieron los hechos y la instalación de un memorial que perpetúe el recuerdo del homicidio.

Casco era oriundo de Florencio Varela y había viajado a visitar a unos parientes en el barrio rosarino de Empalme Graneros.

La policía local sostiene que Casco fue retenido por averiguación de antecedentes pero liberado el 7 de octubre de 2014, pero esa versión contrasta con lo que se ventiló en el juicio.