Dos denuncias fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura para pedir la remoción de la jueza Karina Zucconi, a cargo de la causa por abuso sexual de una joven venezolana en un local del barrio de Balvanera.

Una de las presentaciones fue realizada por el consejero Diego Marías y la otra por el diputado Pablo Tonelli (PRO), también consejero del Consejo de la Magistratura. Ambas se basan en que la excarcelación con la que la jueza Zucconi benefició a Garzón Martínez, ya que, de acuerdo al Código Penal, la pena prevista para el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal" no coincide con la decisión de dejar al acusado en libertad. En su presentación, el consejero Diego Marías solicitó que se ordene la suspensión de la jueza y que se formule una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En su presentación, el consejero advierte que la acusación contra el sospechoso, el comerciante Irineo Humberto Garzón Martínez, imputado del delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal", no permite mantener al hombre libre y de ser condenado, tampoco se le puede conceder la libertad condicional.

Para Marías, Zucconi soslayó algunas cuestiones en torno a la investigación por la supuesta violación de la joven de 18 años, a las que describió como "circunstancias objetivas" que "tornaban inviable" la libertad del acusado.

Una de esas circunstancias es que Garzón Martínez había informado como propio el domicilio de una hermana, mientras que la mujer sostuvo posteriormente que el comerciante no residía con ella, sino en el local de venta de artículos médicos situado en la calle Paso 693, donde habría ocurrido la violación de la chica de 18 años el 23 de enero pasado tras una entrevista laboral.

En tanto, Tonelli citó notas periodísticas para sostener que "la jueza habría asegurado que 'no hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia', a pesar de haber considerado que el arraigo del imputado era dudoso".