Un fiscal pidió la indagatoria por “defraudación” de un grupo de empresarios que ofrecía automóviles a través de la plataforma Mercado Libre, pero pese a recibir pagos millonarios no entregó las unidades.

“No resulta un dato menor el hecho de que la mayoría de las víctimas son oriundas del interior del país, lo que necesariamente resultaba más beneficioso para los aquí imputados, pues les otorgaba más libertad para poder manejarse, y evitar que aquéllas descubrieran su verdadera finalidad”, precisó el auxiliar fiscal Gonzalo Raúl Arrieta, de la fiscalía a cargo de Mónica Cuñarro.

En la causa, que tramita ante la jueza Carina Nancy Rodríguez, se investiga “el ardid desplegado por los imputados”, que “consistió en presentarse en el mercado como una concesionaria de automotores de nombre Motors Latinoamérica SA y ofrecer a la venta principalmente por internet, a través de la plataforma Mercado Libre, vehículos de distintas marcas y especificaciones”.

Ello, “con el objetivo de captar potenciales compradores” y luego, “para inducirlos a error, constituyeron la sociedad comercial indicada, legalmente registrada e inscripta en la AFIP, confeccionaron facturas, abrieron cuentas bancarias donde -en algunos casos- recibían los depósitos y transferencias de los damnificados”.

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“Contrataron líneas telefónicas y servicio de internet, alquilaron un local comercial -sito en la avenida Colonia 25 de esta Ciudad-, confeccionaron cartelera y papelería comercial, todo esto a los efectos de dotar de aparente legalidad al comercio”, añade el dictamen.

Los clientes defraudados realizaban un primer desembolso como solicitud de reserva de unidad y gestión comercial y pactaban pagos posteriores, pero a la hora de retirar los vehículos los imputados “comenzaron a brindar excusas dilatorias”, entre ellas  “que el local se encontraba cerrado temporalmente por reformas”.

A mediados de 2022 “dejaron de responder los correos electrónicos y los teléfonos y sin brindar explicación alguna, abandonaron el local sin haber entregado ningún automóvil, ni devuelto el dinero recibido”, explica la imputación.

Una de las damnificadas “envió un reclamo mediante carta documento a la firma Toyota Argentina, pues el vehículo que iba a adquirir era de esa marca, ocasión en la que le fue respondido que aquél resultaba improcedente, pues la sociedad denominada Motors Latinoamérica SA no resultaba ni resultó parte de la red de concesionarios oficial y nunca tuvieron un vínculo comercial y/o contractual con dicha razón social”.

El pedido de indagatoria comprende a los supuestos titulares de la firma acusada por las estafas, Hernán Maximiliano Escobar Fernández, Sergio Nicolás Escobar Fernández, Emiliano German Sánchez y Agustina Belén Ramos.