El fiscal Jorge Gustavo Onel pidió archivar una causa contra una mujer que fue descubierta cuando intentaba ingresar marihuana oculta en sus partes íntimas a la cárcel de Coronda, ya que consideró que la requisa efectuada careció de justificación y avasalló su intimidad y dignidad como persona. El planteo fue hecho ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, en el marco de la investigación iniciada en abril pasado.

Según consta en la causa, ante el nerviosismo en el control, los miembros del Servicio Penitenciario le pidieron a la mujer que se sacara la ropa y ahí notaron que "de su ropa interior sobresalía un bulto", por lo que le ordenaron que lo entregara: resultó ser un profiláctico con 74 gramos de marihuana en su interior, que la mujer tenía ocultos en su vagina.

Para el fiscal, el caso debe ser analizado "desde una mirada que se compromete con los derechos de las personas privadas de libertad, como así también de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitarlos, reconocidos tanto en la normativa internacional como nacional, dentro de la que se insertan las prácticas de requisas".

"Tal como fue llevada a cabo la requisa en el caso por personal del Servicio Penitenciario, ésta vulnera no sólo el derecho a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la protección de la dignidad y honra de las personas, reconocidos a nivel nacional e internacional, sino que también afecta el principio de la intrascendencia de la pena, y la protección de la familia que asiste a toda persona privada de libertad", dijo en su requerimiento de archivo.

"Ello así por cuanto no se advierte que la funcionaria haya actuado bajo el amparo de sospecha fundada de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que excepcionalmente pudiere justificar una diferente ponderación de intereses", agregó. Además, la sospecha del penitenciario al revisar a la mujer "no constituyen razones suficientes para, sin orden judicial, avanzar de esa manera sobre la intimidad y la dignidad de una persona".

"El uso de estereotipos supone una presunción de culpabilidad contra toda persona que encaje en los mismos, y no la evaluación caso a caso sobre las razones objetivas que indiquen efectivamente que una persona está vinculada a la comisión de un delito", concluyó el fiscal.