Siete penitenciarios de la provincia de Mendoza fueron pasados a disponibilidad por el ataque de un preso a la fiscal Claudia Ríos, durante la primer audiencia de un juicio oral.

Se trata de siete empleados del Servicio Penitenciario provincial, que fueron los responsables del traslado y las requisas realizadas al detenido, Hugo Eduardo Arredondo, que este miércoles atacó a la fiscal con una chuza en una sala del Polo Judicial de Mendoza.

Los investigadores intentan establecer ahora si el preso, de 37 años, tuvo colaboración del personal penitenciario, y los siete fueron llamados a declarar.

En declaraciones a la prensa, Marcelo Puertas, titular de la Inspección de Seguridad del Polo Judicial, aseguró que “se están identificando a los responsables vinculados al Servicio Penitenciario” y que “no se descarta que pudo haber existido connivencia entre personal de servicio”.

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En tanto, este jueves por la mañana, los empleados que trabajan en el Polo Judicial de Mendoza se reunieron en la explanada del edificio en donde realizaron una asamblea por lo que el cronograma de debates y audiencias en general quedó totalmente suspendido por unas horas.

Los trabajadores decidieron suspender todas las actividades hasta que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, se hiciera presente, y tras su llegada y tras escuchar los planteos se decidió retomar la actividad judicial aunque en forma restringida.

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Arredondo había sido trasladado este miércoles hasta la sala 15 del edificio judicial para comenzar a ser juzgado por un intento de asesinato ocurrido el 5 de julio de 2019 en el penal de Almafuerte.

Según la fiscal Ríos, ese día el interno Carlos Enrique Olmedo fue pateado en el piso y apuñalado por otro trío de reclusos entre los que se encontraban Arredondo, Jorge Darío Bracamonte y Lucas Gabriel Garro. Los tres detenidos están imputados en la causa como coautores de tentativa de homicidio simple y por ese hecho iba a ser juzgado Arredondo.

Pero antes de ese hecho, Arredondo quedó preso en una causa por el crimen de Jorge Daniel Montilla, de 51 años, un ex militar y comerciante que fue baleado el 10 de marzo de 2015; y además del ataque contra Olmedo, Arredondo también fue encontrado culpable de asesinar a Nicolás Lozano, un preso que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.

Arredondo también tiene otra investigación abierta en su contra por otro crimen cometido en la cárcel en septiembre del año pasado: el de un interno de 31 años.