Tras alcanzarse un acuerdo provisorio entre parte que se prolongará por los próximos seis meses, se suspendió hoy el desalojo de alrededor de 200 familias que ocupan una fábrica tomada en el barrio porteño de Parque Patricios.

El acuerdo implica que el Gobierno de la Ciudad le pagará un canon al empresario hotelero Leonardo Ratuschny, dueño del edificio "Casa Santa Cruz 14", tras adquirirlo en un remate, durante seis meses, hasta encontrarse una solución habitacional definitiva para las familias.

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Unos 500 policías habían rodeado esta mañana el edificio, mientras las calles aledañas fueron valladas, y autoridades porteñas habían iniciado negociaciones con los ocupantes para llegar a un desalojo prolijo y sin complicaciones.

En el edificio tomado en 2004 se alojan 350 adultos y 100 niños.

Este lunes por la tarde, en la víspera de la posible intervención, se realizó un festival y una vigilia para apoyar a las al menos 170 familias que viven allí, algunas desde el inicio de la toma.

Fue el jueves pasado cuando los habitantes fueron notificados de que el 31 de octubre iban a ser sacados de la fábrica de seis pisos, correspondiente al expediente al N° 97361/2010 del registro del Juzgado Nacional en lo Civil N° 60 a cargo del juez Fernando Cesari, que lleva 13 años.

"Si bien la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y ordena el desalojo data de abril del año 2016, dicha medida aún no se ha ejecutado debido a las reiteradas presentaciones efectuadas por asociaciones, legisladores, demandados y la Procuración General de la CABA solicitando la suspensión del lanzamiento, debido a la complejidad en su ejecución y las distintas situaciones sobrevivientes como la emergencia sanitaria", detallaron fuentes del caso a Noticias Argentinas.

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La fábrica perteneció a la empresa toallas Selsa que quebró en la década del 90' y luego el edificio, ubicado sobre la calle Santa Cruz 140, fue tomado por familias en 2004.

Desde hace varios años, gracias a la labor de los habitantes, el lugar cuenta con servicio de agua, luz y cloacas. En 2010, las familias quisieron comprar el edificio, pero el mismo fue adquirido por el empresario Ratuschny, que fue hasta la Justicia e inició un juicio por desalojo.