Por Mayra Mariani (*)

La violencia contra las mujeres ha llegado a manifestarse incluso en los lugares y momentos más inesperados. Hoy la padecemos también en una sala de parto y en las consultas prenatales.

Las instituciones no son ajenas a las vulneraciones sistemáticas de los derechos y la desigualdad de género se ve reflejada en el ámbito de la obstetricia.

A pesar de que en 2004 se sancionó en Argentina la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, más del 77% de las mujeres sufrieron al menos una situación de violencia obstétrica, según el Índice Nacional de Violencia Machista.

Y de acuerdo a una encuesta del Observatorio de Violencia Obstétrica de la Organización Las Casildas, siete de cada de 10 mujeres expresaron no saber qué prácticas realizaron sobre su hijo ni haber dado ningún consentimiento.

Esto no puede ni debe seguir pasando. Como concejal de Tigre lucho contra la normalización de esta violencia invisibilizada donde las víctimas no son reconocidas como tales. El primer paso es formarse en lo que dispone la nueva normativa, que define a la violencia obstétrica como "aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales".

Los derechos que la Ley de Parto Humanizado proclama son fundamentalmente a un parto normal que venere los tiempos de la mujer; y que no sea discriminada y se respete su intimidad.

Por eso desde el Bloque del Frente Todos presentamos un proyecto de ordenanza para hacer una campaña de comunicación masiva que informe sobre cómo prevenir la violencia obstétrica, y para capacitar al personal de salud, garantizando así el cumplimiento de los derechos enunciados en la Ley de Parto Humanizado.

Además, propusimos crear una encuesta de satisfacción post parto y una línea telefónica para que las víctimas puedan hacer sus denuncias.

Afirmamos fehacientemente que la violencia en obstetricia es una categoría más de violencia de género y, en consecuencia, una violación de derechos humanos.

El "Programa de Capacitación sobre Violencia Obstétrica" tendrá como destinatario al personal sanitario vinculado al complejo materno-infantil y será abierto y gratuito.

A su vez, en la ordenanza figura que deberá notificarse del programa a los centros de salud privados, buscando que asistan al mismo para garantizar las buenas prácticas que allí se promueven.

El tiempo de actuar es ahora. Cada año suceden aproximadamente seis mil partos en la maternidad municipal.

Con este proyecto podemos hacer que la sociedad renazca un poco más humana en cada uno de ellos. Podremos informar y concientizar para, así, entre todos respetar los derechos ajenos y exigir que se cumplan los propios.

Como dijo el reconocido médico obstetra francés Michel Odent "para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer".

(*) - Directora de Relaciones Institucionales de AySA y concejal por el Frente Todos de Tigre.