Detuvieron en Mataderos al acusado de violar a la joven venezolana en Once
Los jueces de la Sala I de la Cámara del Crimen resolvieron que el comerciante Irineo Garzón Martínez quede detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal".
El comerciante Irineo Garzón Martínez fue detenido hoy en el barrio porteño de Mataderos acusado por la violación de una joven venezolana en un local de la zona porteña de Once.
El acusado fue detenido por efectivos de Delitos contra la integridad sexual de la Policía de la Ciudad en el domicilio de su hermana, en la calle Tandil al 5.000, y fue trasladado a la Alcaidía 12, del barrio de Saavedra.
Al ser retirado por la policía, el sujeto fue insultado a los gritos por los vecinos del barrio y por allegados a la víctima.
La orden de detención fue dictada este jueves por el juez Pablo Lucero y la jueza Magdalena Laíño de la Sala I de la Cámara del Crimen, quienes resolvieron que el acusado quedara detenido por el delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal".
La medida fue dictada tras la apelación de la fiscal Silvana Russi, a cargo de la causa, y de Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La querella de la víctima también había solicitado la detención del comerciante.
La joven víctima había comenzado a trabajar el pasado sábado 23 de enero con el hombre en un local de venta de ropa, y la Justicia pudo determinar que para cometer la violación, este le habría dado una bebida que tenía una sustancia que la dejó inconsciente y en estado de indefensión.
En el fallo del pedido de detención, el juez Lucero recordó que el hombre ya había sido procesado por "abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal", un delito cuya pena máxima supera los ocho años de prisión mientras que la pena mínima -seis años- imposibilita que una eventual sanción pudiera ser de ejecución condicional.
El magistrado, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, consideró que en la causa hay indicadores de riesgos procesales que justifican una prisión preventiva.
El juez hizo hincapié en la gravedad del hecho investigado, las pruebas recolectadas hasta ahora y los informes médicos que constan en el expediente. Además, en coincidencia con lo planteado por la fiscalía y la UFEM, recordó la actitud que tuvo el hombre cuando la policía llegó al lugar, después de ser alertada por la familia de la joven.
"Concretamente, no habiendo abierto la puerta de ingreso del local a requerimiento de un funcionario policial, habría intentado darse a la fuga del local cuando advirtió que éste ya se encontraba en su interior, lo cual se frustró por el diligente actuar del policía que lo redujo, luego de producirse un forcejeo", puntualizó.
Y remarcó: "De continuar el estado actual de libertad del imputado se podría entorpecer la investigación".
En tanto, la magistrada Laíño compartió el mismo criterio de Lucero, pero no así el juez Jorge Luis Rimondi, quien se inclinó por confirmar la decisión tomada por la jueza Karina Zucconi, que últimas horas había tomado la decisión de colocarle una tobillera electrónica al acusado para evitar que se acercara a la víctima.