La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori le ordenó al gobierno porteño que le otorgue una vacante de jornada completa a un niño de tres años y advirtió que en caso de no hacerlo le aplicará una multa de diez mil pesos diarios a la ministra de Educación local, Soledad Acuña.

En caso de que, por razones de fuerza mayor, no pueda asignársele al pequeño la vacante en el establecimiento educativo escogido, el Estado porteño deberá proveerle “otras posibilidades” para su adecuada escolarización.

La jueza advirtió que la eventual multa contra la ministra Acuña será “progresiva”: de diez mil pesos durante los primeros cinco días de incumplimiento, 20 mil en los siguientes y 30 mil en los posteriores.

Los padres del niño iniciaron la demanda de escolarización procurando que la Justicia local ordenara al gobierno “la asignación de la vacante en un establecimiento de gestión pública en la jornada completa indicada en la inscripción efectuada por sistema dentro del barrio de la primera opción”.

La familia realizó el trámite de inscripción a través de internet, tal como dispuso la administración local, pero el niño se quedó sin vacante, según le fue informado en el establecimiento escogido para su escolarización y, por lo tanto, quedó “en lista de espera”.

El niño aspiraba a una vacante en otros cuatro establecimientos, a modo de alternativa, pero tampoco encontró respuesta en ninguno de ellos.

La administración porteña informó que “las vacantes disponibles se asignaron a Aspirantes cuya selección fue la primera prioridad”. En ese contexto, “la Dirección de Educación Inicial, informa que, de producirse eventualmente nuevas vacantes durante el ciclo escolar, revisará la posibilidad de incorporar al niño en Jardines de Infantes dependientes de Gestión Estatal, de acuerdo al grupo etario y sin que se afecte el normal funcionamiento de la institución ni los derechos del resto de los aspirantes”.

El fallo consideró que esa respuesta fue “destemplada y omisiva”.

“Destemplada porque nadie se propone alterar el ‘normal funcionamiento’ de ningún establecimiento educativo de la Ciudad ni del país y menos aún afectar el mismo derecho de les niñes (sic) a quienes no solo con prioridad sino también con muchísima suerte les ha sido dada su vacante”, subrayó la jueza.

El fallo también advirtió sobre “la omisión inveterada en la que viene incurriendo el Gobierno de la Ciudad en materia de vacantes accesibles tanto en Nivel Inicial como Primario”.

La jueza Liberatori recordó “la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución de asegurar y financiar la Educación Pública, Estatal, Laica y Gratuita a partir de los 45 días de vida. (…) El Ministerio de Educación es el responsable de que ese derecho en caso de ser ejercido, como sucede aquí, sea cumplido”.