Por Antonio D’Eramo

Las temidas grúas de acarreo, destructoras de automóviles y de bolsillos por las fuertes multas impuestas a quienes sufren el traslado del vehículo a alguna de las playas de estacionamiento donde son secuestrados hasta que se pague la pena, están dando un respiro a los sufridos automovilistas desde que el Gobierno de la Ciudad terminara con los contratos que la unía con las polémicas firmas Dakota y BRD, en agosto de 2022.

Continúan operando, pero sin tanta voracidad, a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de gestión estatal que realiza el servicio a demanda, es decir, luego de una denuncia por mal estacionamiento, por obstrucción de un garaje o de una rampa.

Ahora bien, este “veranito” para estacionar llegará pronto a su fin porque en las últimos días, el ejecutivo de Rodríguez Larreta anunció que de cinco propuestas de empresas que concurrieron a la licitación del servicio quedaron vigentes tres.

La instancia técnica y, la más importante, la económica sirvieron de filtro para que las compañías Rinkel Trail-Escalum Investment, que brinda asistencia vehicular con una flota propia de grúas y cobertura en toda la Argentina y países limítrofes con experiencia en la ciudad porque da servicio en Autopistas Urbanas (AUSA), en las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, y Plen Air Park SA, de Neuss Capital que se alió en esta licitación con Empark de España, quien aporta la capacidad técnica y opera el servicio de estacionamiento medido en 140 ciudades de Europa, quedaron afuera de la final.

De esa manera, quedaron tres empresas con chances para dividirse la CABA y son, Transportes 9 de Julio, y Ashira Escoba SA y SAEM- Tránsito Rosario.

Fuentes del mercado aseguraron a NA que las dos primeras están ligadas a la conducción del gremio Camioneros que, tras la debacle de las antiguas concesionarias Dakota y BRD tuvo que intervenir fuertemente en defensa de los trabajadores de esas compañías mientras que la tercera es la única que cuenta con experiencia real en el acarreo de vehículos.

Tanto La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ashira-Ecoba, como la empresa Transporte 9 de Julio, están ligadas a la recolección de residuos.

Ashira comenzó en 1998 con el arrendamiento de equipos de higiene urbana y de tanques atmosféricos, al Gobierno de la Ciudad y, desde el año 2014, tiene a cargo la recolección y barrido de una parte de la CABA; además opera en Trelew (Chubut), Junín, San Pedro, Balcarce y San Martín (Buenos Aires), y San Francisco (Córdoba). Mientras que Ecoba (Empresa Constructora Buenos Aires) tiene como actividad principal la construcción y recolección de residuos, a cargo del mantenimiento de espacios verdes en la comuna 5.

Transportes 9 de Julio S.A., en tanto, es una firma creada en 1976 en Santa Fe, con participación en la recolección de residuos de La Plata y Mar del Plata donde también ofrece servicios como “recolección domiciliaria, barrido de calles, remoción de residuos voluminosos y montículos, limpieza de playas y servicios particulares”.

SAEM Tránsito Rosario, es la única con expertise, porque tiene la concesión del estacionamiento medido en la ciudad de Neuquén y gestiona el acarreo en la ciudad de Rosario desde 2009.

Escandaloso canon

Ahora bien, a esta situación que las pone a semanas de firmar los contratos con el ejecutivo porteño, se llega luego del escandaloso canon denunciado que pagaron durante dos décadas dos empresas ligadas a funcionarios de la época en que Carlos Grosso era intendente de la Ciudad.

Un negocio insólito que tuvo plena vigencia a pesar de las denuncias y del malestar de los ciudadanos que veían violentadas sus propiedades privadas en cada acarreo que sufrían.

En Julio de 2023, NA publicó las extrañas condiciones que rozaban la ilegalidad y el absurdo, con el que operaban las empresas Dakota S.A. de Marcelo VIolante y BRD de Bernardo Pérez.

Ilegalidad, como un eufemismo de la expresión “floja de papeles”, para disponer de la propiedad privada de los ciudadanos y absurdo, por la manera en que acarreaban y trataban con desprecio los vehículos secuestrados y que no se podían recuperar sino se pagaba una suma completamente arbitraria.

Porque sólo puede considerarse como metafórica la cantidad de $55.000 mensuales que abonaron las empresas Dakota y BRD, durante el año 2022, que levantaron autos en infracción, por más de 20 años, con una concesión vencida y con el precio que debían girar a la Ciudad congelado desde 2014. El ajuste por inflación fue para los infractores pero no para las empresas que realizaban el acarreo.

Ese escándalo se convirtió en político con las revelaciones realizadas por el hackeo al celular del ex ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

La sorpresa por los chats revelados a comienzos del año, donde se transcribían supuestos diálogos contundentes relacionados con coimas por servicios, entre Marcelo D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante de la empresa de grúas Dakota S.A., terminó con la carrera del funcionario.

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Los trabajadores de las grúas quedaron en el medio. Despreciados por los dueños de automóviles que siempre denunciaron el pésimo trato que daban a sus vehículos al ser acarreados tuvieron en las figuras de Hugo y Pablo Moyano a sus defensores.

Al dar de baja los contratos, la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se hizo cargo de las indemnizaciones de los 332 trabajadores que cumplían funciones en Dakota y BRD, con un costo cercano a los 1500 millones de pesos.

De esta manera, Hugo Moyano prorrogó la tradición que se remonta al gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, por la cual se establecen pautas no escritas y consuetudinarias para tratar este tipo de casos.

Se utilizó el fundamento del convenio colectivo 40/89 del sindicato de Camioneros por el cual cuando una empresa cambia de manos se traspasa el personal.

Cuando Mauricio Macri y Hugo Moyano coincidían en inaugurar un monumento a Juan Perón también lo hacían en solucionar los problemas de cada renegociación de contratos. Se pagaban indemnizaciones a los trabajadores y se garantizaba la continuidad de los puestos laborales en la nueva conducción empresaria.

Horacio Rodríguez Larreta continuó con la tradición no escrita.