Al menos 20 allanamientos y 12 delincuentes detenidos es el saldo que dejó este jueves por la noche un megaoperativo de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución.

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín al Juzgado Penal y Contravencional número 31.

Los operativos realizados por personal de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad abarcan una serie de conventillos, un supermercado y un kiosco donde se probó la venta de estupefacientes.

En los allanamientos hubo 12 detenidos, ocho hombres y cuatro mujeres, y se secuestraron drogas, materiales para su corte y fraccionamiento y elementos de interés para la investigación.

Este operativo integral se empezó a planificar en abril entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y la UFEIDE y es parte de un programa contra las drogas que se creó en la Fiscalía General de la Ciudad.

Se trabajó con agentes reveladores e informantes tendientes a llegar al verdadero organizador de la comercialización de drogas, y no solamente al eslabón más débil de la cadena.

Estas técnicas de vanguardia para la justicia argentina, fueron incorporadas en el Código procesal penal de la Ciudad a través de la Ley 6020, reglamentadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

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Los procedimientos de este jueves llevan cuatro meses de trabajo de campo y búsqueda de pruebas, pero no tienen por el momento punto de contacto con los casos de la Comuna 3 que tomaron relevancia en los últimos días.

Los casos que toman estado público y en medios de comunicación como los de la calle Sarmiento ya se encuentran investigados, allanados y vueltos a investigar hasta lograr su cierre definitivo.

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires firmaron en octubre de 2021 un Convenio Específico de Colaboración e Intercambio de Información.

Este convenio tiene por objetivo coordinar una política criminal común para abordar el narcomenudeo con la finalidad de disminuir los niveles de violencia en los barrios afectados y así reforzar la seguridad de los vecinos.