Muerte dudosa en una institución terapéutica: se dictó la primera condena desde la sanción de la Ley de Salud Mental
El ex empleado de seguridad del establecimiento ubicado en San Camilo de Pilar, fue sentenciado a tres años de prisión efectiva por el suicidio de un paciente.
Se realizó el primer juicio por una muerte dudosa en una institución terapéutica y se marcó un gran precedente histórico desde que se sancionó la Ley de Salud Mental.
Ángel "Pipi" Súñez, ex empleado de seguridad de la institución terapéutica San Camilo de Pilar, fue condenado este lunes a tres años de prisión efectiva por el homicidio culposo de Saulo Rojas, el joven mendocino de 23 años que en 2013 se suicidó al ser encerrado en una celda de castigo de esa comunidad.
El juez Facundo Ocampo, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°4 de San Isidro, indicó que Suñez deberá cumplir “tres años de prisión de efectivo cumplimiento y diez años de "inhabilitación para controlar personas internadas en instituciones públicas y privadas".
Por el momento, Súñez, que se había declarado culpable en la primera jornada del juicio, no será detenido hasta que la sentencia quede firme. La condena coincide con lo pedido el jueves pasado en la jornada de alegatos por la fiscal Paula Valeria Oyola y por el abogado de la familia de Rojas, Yamil Castro Bianchi.
"La sentencia es histórica, es la primera vez que se condena a alguien por una muerte dudosa en una institución de salud mental, en este caso por un homicidio culposo", aseguró Pablo Galfré a Página 12, autor del libro "La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos" y uno de los principales impulsores de la investigación que derivó en el juicio por Rojas.
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El juez remitió el veredicto a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias de la Provincia y pidió que se investiguen otros casos ocurridos en San Camilo, que cerró en 2017 tras las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por torturas, privaciones ilegales de la libertad y abusos sexuales.
Caso Rojas
Saulo Rojas falleció el 14 de julio de 2013 luego de ahorcarse en "el engomado", como llamaban en San Camilo a la celda de castigo donde fue encerrado por Súñez en contra de su voluntad, algo que prohíbe la Ley de Salud Mental de 2010.
La fiscal explicó en su alegato que se trata de una habitación "sin revoque, sin piso, sin muebles, sin electricidad", y precisó que el instructivo del lugar establecía que había que sacarle al paciente "los objetos que podían atentar contra su vida cuando la persona quedaba aislada".
"Súñez, en forma gravemente negligente, no le quitó un elemento de gran importancia, el cinturón, con el que Saulo Rojas se quitó la vida", dijo Oyola.
"El engomado era una pieza del terror y sabemos que el que tenía el dominio de las llaves era el imputado", sostuvo Castro Bianchi en su alegato y remarcó que "si Súñez hubiese adoptado la medida de seguridad hoy no estaríamos acá. Lo que aquí ocurrió no tiene que pasar más. El encierro no cura, el encierro mata".
El juez coincidió con las dos partes en que el escenario no responde a una simple omisión que devino en la muerte: “aquí operaron graves violaciones a los derechos humanos que, con su accionar, Súñez era uno de los protagonistas que la llevaba adelante".
Por su parte, Ocampo agregó que Súñez era "el que pegaba y se ponía más agresivo". Además, el paciente era insulinodependiente y ese día le habían quitado su dosis de insulina.
Más casos en San Camilo
En 2017, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató que en la comunidad terapéutica se habían producido "torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental". En ese momento, la Provincia clausuró definitivamente el lugar.
El periodista y autor del libro citado, involucrado con la historia de violación a a los Derechos Humanos en la institución, señaló: "Felipe Mañasqui, el otro muerto de San Camilo, falleció en el Hospital Evita 11 días antes de que Saulo se quitara la vida”.
“Sabemos de la existencia de San Camilo por el caso de Saulo, pero la fiscal pidió en el alegato que la causa no se termine con la sentencia de Súñez y que se investiguen los delitos que se denuncian en mi libro, que se denunciaron durante la instrucción y durante el juicio: torturas, privaciones ilegitimas de la libertad y abusos sexuales", agregó.