La Justicia en lo Civil y Comercial Federal condenó al Estado nacional a indemnizar con diez millones de pesos más intereses a dos jóvenes que fueron obligadas a prostituirse cuando tenían 13 y 15 años y atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad por un grupo de policías que terminaron condenados a 16 años de prisión.

La jueza Silvina Bracamonte hizo lugar a la demanda entablada por las dos hermanas y dispuso resarcir a una de ellas con seis millones de pesos y a la otra, con cuatro, “en el plazo de veinte días de quedar firme la presente, con más los intereses” a contar desde que ocurrieron los hechos, al menos desde 2009.

La jueza también condenó al  Estado “a otorgar a las actoras una beca integral de estudios en las instituciones públicas que sean de elección de las reclamantes, tanto a los fines de culminar la educación secundaria, como luego universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio”.

Para ello “deberá otorgar la cobertura integral de los gastos de transporte y material educativo que sean necesarios”.

Los dos policías fueron condenados en 2016 a 16 años de cárcel por “abuso sexual agravado” cometidos en  dos dependencias policiales y una pensión del barrio porteño de La Paternal.

La causa penal fue investigada por la ex jueza Wilma López, con intervención del fiscal Fernando Fiszer.

Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2011 en una pensión de Warnes 2105, el destacamento del Cuerpo de Policía Montada ubicado debajo de la autopista Presidente Héctor Cámpora (AU 7) y en el predio de Policía Federal ubicado en la avenida Figueroa Alcorta.

Los números de teléfono de las niñas circularon entre diferentes oficiales de la Policía Federal y en forma conjunta y alguna vez sólo una de ellas, eran buscadas en la zona de Parque Lezama para llevarlas a mantener relaciones sexuales con los uniformados.

Los imputados, según la causa penal, “se aprovecharon de una relación de poder respecto de las niñas, ambas carentes de contención familiar”.

Los policías “alternadamente se comunicaban con las damnificadas para satisfacer sus apetencias sexuales ocasionales, además de transportarlas en móviles de la fuerza, lo que, por la corta edad de las víctimas, conduce a presumir que tanto las llamadas telefónicas como los mensajes de texto o a través de la red social Facebook encerraban una connotación intimidatoria para las víctimas”.

El fallo de la jueza en lo Civil y Comercial Federal también condenó al Estado “a acreditar en el expediente la implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de género y violencia contra la mujer”.