El 10 de enero de 1994, un grupo de 11 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús persiguió y baleó a los ocupantes de dos autos: un Dodge 1500 y un Peugeot 505. El grupo, que respondía al ex comisario Juan José Ribelli, disparó 200 veces sin que nadie respondiera el fuego: usaron pistolas 9 milímetros y hasta un subfusil uzi. Cuatro de los cinco ocupantes de los vehículos murieron y el caso pasó a la historia bautizado como “La Masacre de Wilde”.

Sin ningún policía juzgado, este viernes se cumplieron 10.000 días del trágico caso. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia en el marco de una causa elevada a juicio en 2014, después de que un fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial evitó el cierre de las investigaciones.

Sin embargo, al día de hoy el proceso se encuentra congelado, ya que la Justicia de Lomas de Zamora posterga la realización de la audiencia preliminar que en principio estaba fijada para diciembre de 2019, cerró el 2020 sin novedades y pasó medio año del 2021 sin confirmación al respecto.

El pasado 6 de diciembre de 2019 era la fecha indicada para que al fin, a casi 26 años del hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de Lomas de Zamora realizara la audiencia preliminar de cara al juicio en el que nueve de los once policías (dos de ellos, César Córdoba y Carlos Saladino, ya fallecieron) deberían enfrentar la acusación por "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa". 

Sin embargo, esa primera fecha fue suspendida y reemplazada por la del 20 de marzo de 2020, también cancelada luego de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. El TOC N°3 determinó que sería imposible hacer la audiencia y el posterior juicio de manera virtual. 

En tanto, uno de los principales reclamos es el pedido de la digitalización de la causa. “En nuestro poder tenemos cuatro cuerpos que están incompletos y para probar los digitalizamos entre mi hija y yo y salió bárbaro, entonces si dos personas que no entienden y no tienen recursos pueden hacerlo, con más razón lo puede hacer un tribunal”, criticó Raquel Gazzanego viuda de Edgardo Cicutín, que además agregó: "Estamos ante la espera de ir a la audiencia preliminar, que estaba prevista para diciembre del 2019, hace 10.000 días que sufrimos impunidad e injusticia, por favor señores jueces coloquen fecha de juicio justo”.

Más de 200 balas salieron de armas policiales el día de la tragedia, luego que los agentes de la ex Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Lanús Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga, Marcos Rodríguez, César Córdoba y Carlos Saladino, interceptaron en el cruce de Avenida Mitre y Franco el auto del remisero Norberto Corbo.

En su Peugeot 505, Corbo llevaba a los pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa. Detrás de ellos, el vendedor de libros Claudio Díaz manejaba un Dodge 1500 acompañado de su compañero de trabajo Edgardo Cicutín e intentó eludir el caos de tránsito que se había generado, pero los policías le ordenaron detenerse. Cicutín, Corbo, Mendoza y Bielsa murieron acribillados, mientras que Díaz fue el único sobreviviente de una matanza cuyos responsables aún no fueron juzgados. Los peritajes determinaron que todas las balas fueron disparadas por los agentes. 

Los policías justificaron el accionar con una excusa previsible: según sus versiones, se había tratado de un tiroteo con un grupo de ladrones. La jueza en lo penal Silvia González rechazó la versión y consideró la hipótesis de un fusilamiento. Por eso procesó y ordenó la captura de los once agentes involucrados.

La causa sorpresivamente pasó a manos del juez Emilio Villamayor, que ordenó el sobreseimiento. En noviembre de 1994 el expediente llegó a la Sala I de la Cámara Criminal de Lomas de Zamora integrada por los jueces: Juan Silvestrini, Ernesto Devoto y Camilo Baccarini.

En solo 48 horas, “estudiaron meticulosamente la causa” y fallaron absolviendo a los 11 policías imputados, incluido al cabo Marcos A. Rodríguez quien en primera instancia había sido responsabilizado por el asesinato de Cicutín. Rodríguez se había profugado al día siguiente de la masacre de la comisaría donde estaba detenido.

Al día de hoy, el ex cabo Rodríguez es el único detenido, pero no por condena, sino por haber estado prófugo de la Justicia durante veinte años, hasta que en 2014 fue detenido en Córdoba.

La causa volvió a tomar notoriedad pública veinte años más tarde, cuando fue elevada a juicio tras la intensa lucha de los familiares de las víctimas y un recorrido que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó reanudar las investigaciones y realizar el juicio. La causa volvió a Lomas de Zamora y llegó al juzgado n°8 que había sido el de Villamayor pero él ya estaba jubilado y ocupó la titularidad de ese juzgado el Dr. Gabriel Vitale, que no hizo más que hacer cumplir con lo que dice la justicia. 

Pero hoy, viernes 28 de mayo, la causa presenta una demora de 27 años por sucesivas corruptelas tanto judiciales, como gubernamentales. El hecho constituye un símbolo de la violencia institucional, que tras décadas de impunidad, se espera para este año el inicio del juicio oral contra los responsables de la masacre.