| Última actualización:04 de Agosto de 2022 - 20:48

Amnistía Internacional Argentina: “La muerte de Daiana Abregú podría ser un nuevo caso de violencia policial”

La directora Mariela Belski dijo que acompañan la denuncia y exigirán a la Justicia que “redoble los esfuerzos”. En la última década, hubo 187 muertes en comisarías bonaerenses.

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La familia d Daiana Abregú, acompañada por Amnistía Internacional, espera los resultados de la segunda autopsia para determinar las causas reales de su muerte. La familia d Daiana Abregú, acompañada por Amnistía Internacional, espera los resultados de la segunda autopsia para determinar las causas reales de su muerte. NA

Amnistía Internacional, la organización global de protección de los Derechos Humanos, esta semana exigió a la Justicia que avance en la investigación de la muerte de Daiana Abregú, y que lo hiciera “sin demoras ni irregularidades”.

La joven de 26 años fue encontrada el 5 de junio sin vida en un calabozo de la comisaría de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento hay 5 policías detenidos y se espera el resultado de una segunda autopsia en las siguientes semanas.

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El organismo aseguró que la familia de Daiana, a quien acompañan en su denuncia, había responsabilizado a la policía por su muerte.

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En diálogo con NA, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina aseguró que “por el contexto de encierro en el que se encontraba Daiana al momento de su muerte”, es decir, detenida en una comisaría bajo la custodia del Estado, “el hecho en sí mismo redobla el deber de determinar los hechos y descartar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes, ya sea en la prevención o la comisión de un potencial delito”.

Hay que recordar que lo primero que se dijo sobre la muerte de Daiana era que se había quitado la vida. “Su mamá cuestionó la versión del suicidio desde el primer momento ya que conocía de los proyectos de Abregú de mudarse a La Plata con su hijo”, dijo Belski.

El 6 de junio se llevó adelante una primera autopsia, “sin aplicar las previsiones que prevé el protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”.

“Este Protocolo establece principios y directrices para que los Estados incorporen en la investigación y en el desarrollo de autopsias llevadas adelante cuando hay sospecha de una muerte potencialmente ilícita, como es el caso de una muerte violenta ocurrida en contexto de encierro y bajo custodia estatal”.

Cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en la causa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, recién entonces la Justicia requirió una segunda autopsia, que resultó una prueba fundamental para determinar un escenario muy distinto al presentado hasta ese momento.

“La segunda autopsia fue realizada por 4 médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata, y sus resultados preliminares son contundentes: la joven de 26 años no tenía lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento, sino que presentaba signos de asfixia. Además, las y los 5 policías detenidos reconocieron que el libro de guardias de la comisaría tiene información falsa y describe hechos que no sucedieron. En sus declaraciones frente al fiscal hubo contradicciones respecto de las inspecciones realizadas en el calabozo”, relata la directora de Amnistía Internacional.

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-La falta de respuesta institucional y el ocultamiento de pruebas, ¿qué significa en términos de Derechos Humanos? ¿Y qué consecuencias legales debería tener?

-El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, a la par, generar mayores niveles de confianza de la población en la justicia y en las fuerzas de seguridad.

Toda muerte en circunstancias sospechosas es una potencial vulneración del derecho a la vida. Las investigaciones y procesos de rendición de cuentas desempeñan un papel esencial en la protección de este derecho. Corresponde a la justicia indagar las causas y circunstancias en que se produjo la muerte de Daiana, y las responsabilidades a título personal que en su caso les correspondan a los funcionarios implicados. La falta de investigación de la justicia en este tipo de hechos compromete la responsabilidad del Estado argentino.



-En las próximas semanas se espera el informe final de la autopsia que traerá más información sobre lo sucedido el 5 de junio.  ¿En qué estará poniendo el foco Amnistía una vez confirmadas las pruebas?

-Amnistía Internacional, en su carácter de organización que acompaña el reclamo de la familia, pondrá el foco en el avance de una investigación efectiva, urgente e imparcial que dé cuenta de los hechos y de las responsabilidades en el caso, así como de otorgar justicia y reparación a las víctimas.

 

-La violencia policial en nuestro país no es un hecho aislado ni novedoso…

-Para nada, Argentina tiene una gran cantidad de denuncias por abuso de fuerza, tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas en manos de oficiales de las fuerzas del orden público, una problemática muy arraigada a lo largo y a lo ancho del país. La falta de investigación efectiva de estas denuncias promueve la impunidad y favorece la reiteración de estos actos.



La violencia institucional en números

Según datos de la Comisión Por la Memoria (CPM) en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 10 años unas 187 personas murieron en comisarías bonaerenses. En el 35% de los casos se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad.

Mariela arroja números que impactan y que, sin duda, exigen una respuesta por parte del Estado. ¿Cómo frenar esta violencia?

-En 2021 registraron 25 casos, el número más alto de la década. Por eso, es indispensable una investigación exhaustiva, eficaz y adecuada de estas muertes, ocurridas bajo cuidado de agentes estatales en establecimientos públicos. Y para eso es indispensable hacerlo con los medios de prueba conducentes para tal fin. 

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Un año antes, la Defensoría Nacional del Pueblo recibió 141 denuncias de abuso de la fuerza contra oficiales de los cuerpos de seguridad en la vía pública. Entre 2020 y 2021, hubo 209 muertes y 5 posibles desapariciones forzadas. La falta de un registro público unificado e integral que documente los casos de violencia institucional impiden comprender la magnitud del problema e implementar soluciones adecuadas.

La gravedad de los hechos relevados y la evidencia de la violencia institucional da cuenta que este no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Es importante que se implementen medidas urgentes y coordinadas entre el gobierno federal y todas las jurisdicciones para desarrollar una política de seguridad respetuosa de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado.

A la fecha, continúa pendiente en la Cámara de Diputados de la Nación el debate del proyecto de ley para el abordaje integral contra la violencia institucional por parte de oficiales de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario.

 

 

Escrito por
NA - Buenos Aires, Argentina