Los depósitos de la multinacional Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas sufrieron no uno sino dos hechos de presunta “vandalización” en las tres semanas previas a que ocurriera el incendio que en la víspera devastó el predio.

La secuencia temporal se inició el 3 de abril, cuando los abogados Guillermo Rivarola, María Vila Echague, y Martín García Santillán, defensores de los imputados Héctor García y Guillermo Lockhart –directivos de la empresa- denunciaron un primer episodio extraño.

“Anoche hemos tomado conocimiento a través del personal de la empresa Iron Mountain, que la puerta de acceso al depósito de la calle zara 1245 se encontraba abierta y su cerradura violentada, dando inmediata intervención a la Policía de la Ciudad a través del abonado 911”, informaron al juzgado de instrucción número 18.

Un día después, los imputados aclararon que tras una nueva visita al depósito, “personal de la empresa IMA (servicios industriales) concurrió al depósito sito en la calle Azara 1245 y verificó que todos los ingresos se encuentran con cadena y candado, salvo el portón negro sito en la calle Quinquela Martín.

Ese portón “da al playón libre sobre, donde originalmente se encontraban los sectores siniestrados”, precisó la aclaración.

“En atención a lo expuesto y sin perjuicio de que la responsabilidad en la seguridad de dicho predio no se encuentra en manos de la empresa ya que se encuentra secuestrado a disposición del tribunal, es que con el objeto de evitar eventuales intrusiones por parte de moradores que quieran pernoctar y/o instalarse en el mismo con la peligrosidad que ello conlleva para los vecinos, solicitamos se autorice a personal de la empresa a instalar un candado en dicha puerta de acceso, cuya llave entregaremos por Secretaría”, propusieron los directivos de Iron Mountain.

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Ese mismo 4 de abril, el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien subrogaba el juzgado 18, emitió una resolución en la que dispuso que  atento a que “la puerta de acceso al predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad no habría sido violentada, sino que se ha advertido que el portón negro ubicado sobre la calle Quinquela Martín es el único que no cuenta con una traba de seguridad, se autoriza a personal de la empresa Iron Mountain a instalar un candado en dicha puerta de acceso”.

El 10 de abril, los directivos de Iron Mountain dieron por cerrado ese primer episodio mediante la presentación de un escrito: “Se pone en conocimiento del tribunal que se procedió a instalar un candado marca 606 en el portón negro ubicado en la arteria Quinquela Martín correspondiente al depósito sito en la calle Azara 1245 de esta Ciudad; conforme se desprende de las cuatro vistas fotográficas que se adjuntan al presente”.

El 12 de abril, la jueza Fabiana Palmaghini, quien había asumido como subrogante en el juzgado 18, elevó la causa a juicio oral y público y envió el expediente al Tribunal Oral que salió sorteado, el número 18.

Pese a estar subsanada la supuesta vulnerabilidad de uno de los accesos a los depósitos, y con el expediente ya encaminado al debate oral, el 19 de abril Iron Mountain informó que “personal de la empresa Servicios Came SA concurrió en el día de ayer al depósito de la calle Azara 1245, con el objeto de realizar las tareas de desratización correspondientes”.

“En dicha oportunidad verificaron que el mismo se encontraba vandalizado, conforme se desprende de las vistas fotográficas que se adjuntan al presente”, añade la nota.

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Las fotos muestran cajas con papeles revueltos, puertas interiores abiertas, muebles tirados y desorden generalizado, supuestamente sorpresivo para los trabajadores de CAME S.A., pues la nota “deja constancia que las anteriores tareas de desratización se llevaron a cabo con fecha 17 de marzo pasado”, un mes antes.

“Teniendo en cuenta la gravedad de los acontecimientos, esta defensa solicita que se dispongan las medidas pertinentes tendientes a determinar lo sucedido, sus responsables como así también los daños y faltantes que eventualmente se hayan producido”, pidieron los directivos de Iron Mountain”.

El escrito, presentado ante la jueza Palmaghini, destaca: “ponemos de manifiesto que dicho depósito se encuentra a disposición del tribunal interviniente y proveer de conformidad”.

El 20 de abril la jueza le respondió a los directivos que “el inmueble de la calle Azara 1245 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue anotado a disposición exclusiva del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18 de la Capital Federal con motivo de la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la encuesta”.

“Los doctores Guillermo Rivarola, María Vila Echague, y Martín García Santillán por la defensa de los procesados Héctor García y Guillermo Lockhart, deberán acudir a dicha sede para que se ‘… dispongan las medidas pertinentes tendientes a determinar lo sucedido…’ por la supuesta vandalización ocurrida”, añadió la nota.

El 24 de abril, los galpones volvieron a incendiarse, como había ocurrido en 2014, causando la muerte de diez personas.