A solo 40 días de haber asumido, el presidente Javier Milei afrontó un primer paro general activo y afronta un fracaso completo de su política económica. Nada de esto es casual, sino que se debe a equivocaciones sobre las medidas que se implementaron. 

El paro se explica por un frondoso DNU cuya juridicidad y legitimidad están en plena discusión y encuentra, en su premura, justificación en la misma necesidad y urgencia que invoca el señalado decreto.  

En cuanto a la política económica, la misma se desarrolló en dos niveles: el macroeconómico y el de reformas estructurales. 

Una evaluación ajustada de ambas requiere, no solo hacerlo en sus objetivos propios, sino en la capacidad para superar la súper crisis que sufre el país y ponernos definitivamente en un sendero de desarrollo sustentable. 

 Además, deben considerarse sus repercusiones sobre lo institucional, lo político, lo social y lo jurídico, ya que estas esferas pueden limitar o condicionar fuertemente los resultados que se obtengan. Todas estas evaluaciones son, lamentablemente, negativas.

Comenzando por las políticas macroeconómicas, ellas parten de supuestos restringidos de difícil justificación conteniendo además una contradicción interna imposible de superar sin que se modifiquen los fundamentos de las medidas adoptadas. 

Primero, se identificó al déficit fiscal como el factor excluyente de las causas de la súper crisis, desconociendo la importancia de los factores monetarios, cambiarios y reales que se interrelacionan, realimentando y explicando la situación fiscal que, al mismo tiempo, actúa de la misma manera sobre los otros factores. 

Esta interrelación ya se manifiesta y, al no haberse previsto políticas que la contengan, se aleja rápidamente la posibilidad de lograr los objetivos señalados, desmejorándose las expectativas y generando un creciente potencial de inestabilidad.

Así es que el fuerte ajuste del gasto público y el aumento de impuestos, sumado a la extraordinaria devaluación y al aumento de precios y tarifas, han deteriorado fuertemente los ingresos populares lo que ha provocado una fuerte recesión que impactará negativamente sobre los ingresos fiscales obligando a más ajustes en un proceso que podría no tener fin, lo que hace imposible que se alcance la meta de reducción del déficit fiscal. 

Al mismo tiempo la falta de resolución completa al problema de la extraordinaria deuda de cortísimo plazo del Banco Central mantiene bajo presión el crecimiento de los agregados monetarios, la deuda pública y la inflación potencial. 

Al mismo tiempo, si bien la recesión puede favorecer el superávit del comercio exterior y la devaluación impulsar las exportaciones, para que se den estas situaciones el equipo económico debería superar una contradicción muy importante dentro de sus esquemas económicos: la del tipo de cambio utilizado como ancla en un contexto de irrestricta libertad de precios y tarifas y de una alta inflación inercial.

Cuando el tipo de cambio se usa como ancla, necesariamente en algún momento existirá un atraso real o virtual del tipo de cambio real. 

En condiciones de altas reservas por parte del BCRA esta situación podría ser transitoria ya que puede ser encarada por ese stock esperando una efectiva baja de la tasa de inflación y una posterior normalización de la situación cambiaria. La situación actual difiere sustancialmente de ese modelo de comportamiento. 

El aumento del tipo de cambio del 2% mensual luce extraordinariamente bajo respecto a la inflación corriente y a la esperada, lo que augura que el colchón generado por la devaluación se consumirá rápidamente y que cada vez se harán más fuertes las expectativas de devaluación, con lo cual habrá importantes ganancias adelantando importaciones y atrasando exportaciones. 

El BCRA en ausencia de suficientes reservas internacionales no podrá hacer frente a estos movimientos, con lo que la hipotética mejora del sector externo no se producirá y estaremos frente a un nuevo escenario devaluatorio. 

El problema para el gobierno es que ello obligará a un replanteo en profundidad de su política económica porque será imposible mantener la astringente política de ingresos que se ha diseñado y ejecutado frente a un nuevo golpe inflacionario motivado por una nueva devaluación; de hacerlo, estaríamos frente a un mayor y muy grave deterioro de la situación social con graves consecuencias sobre la paz social. Las medidas estructurales parten también de un concepto erróneo. 

En efecto dado que su único objetivo es la desregulación y ésta se basa en la afirmación, verdadera, de que algunas regulaciones son negativas entonces, se llega a una conclusión falsa: que toda desregulación es positiva. 

Este error en el que incurren tanto el DNU como la Ley ómnibus creará dificultades insalvables para su implementación. 

Regular o desregular son instrumentos y, como tales, deben pasar por la prueba de su eficiencia medida en términos de si colabora o no en lograr los objetivos de la política: el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria o, en otros términos, la maximización del producto nacional con la mejor distribución del ingreso, objetivos que, por lo expresado, no solo no están garantizados, sino que pueden ser inalcanzables.

Al mismo tiempo, las medidas propuestas en el DNU y en la Ley ómnibus, proyectan un país de producción primaria con una extraordinaria concentración de los ingresos: desde el punto de vista sectorial de la industria hacia las actividades primarias y de las empresas nacionales hacia las multinacionales.

En lo regional, de las provincias hacia La Pampa húmeda y hacia algunas zonas mineras, y en lo social, de los trabajadores pasivos y activos y de los sectores de menores ingresos a los más altos, todo lo que, en conjunto, hace un país no sustentable.

Lo expresado muestra que las medidas y políticas macro y estructurales diseñadas por el Gobierno no tienen posibilidades de éxito y que, de persistir, van directamente al fracaso. 

El presidente ha alertado sobre la posibilidad de una catástrofe, pero, en realidad, la catástrofe ya está entre nosotros y es producto de las medidas que el propio gobierno ha implementado. 

Ante ello se impone construir una alternativa ya que el país no puede someterse a un estado de anomia. 

A esta alternativa habrá que dedicarle lo mejor de nuestros esfuerzos y el aporte de las fuerzas políticas que quieran recuperar al país y evitar su desguace definitivo. 

A este emprendimiento están llamados no sólo las fuerzas políticas sino también el empresariado, los trabajadores y las distintas fuerzas sociales. Hagámoslo antes de que sea tarde. 

(*) - Pablo Challú es economista, ex secretario de Comercio Interior y referente económico del partido Principios y Valores.