Aunque lejos de asimilar la cultura de las armas de Estados Unidos que se ha convertido en el único país del mundo donde hay más armamento que ciudadanos, según la organización suiza Small Arma Survey (SAS) con un promedio de 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, en la Argentina se está registrando un incremento de la tenencia de pistolas, revólveres, rifles y demás pertrechos de fuego civiles.

Venía en ascenso desde 2017, se ralentizó durante los dos años de pandemia y cuarentenas para volver a tomar impulso en los últimos tiempos.

La conclusión se desprende de valoraciones de funcionarios públicos y de analistas de seguridad que monitorean la sociedad civil.

LEÉ: La Cámara Baja de EEUU aprobó un proyecto de ley para controlar armas

En la provincia de Santa Fe, el director de la Agencia Provincial de Violencia con Armas de Fuego (Apvaf), Joel Theytaz enseñó su preocupación ante la gran cantidad de secuestros que están realizando los miembros de su oficina estatal a diario.

En declaraciones al diario La Capital de Rosario afirmó, “…somos muy pesimistas, estimamos que por cada arma debidamente registrada en la provincia hay entre cuatro y cinco que son ilegales. Y esta estadística se basa en la cantidad de secuestros de armas que realizamos”.

El organismo rector a nivel nacional es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, que dirige la magister en Seguridad Internacional por la Universidad de Bristol, Natasa Loizou. La Agencia es un ente descentralizado que funciona desde 2015 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se encarga de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la ley Nacional de Armas y Explosivos que data de 1973.

Si bien no se halla en su sitio web un desglose por ciudades o provincias de las armas registradas, los números más recientes indican que existen en la Argentina 1.618.877 armas registradas ante la ANMaC de las cuales el 84% pertenecen a civiles.

Desde luego, la preocupación esbozada por los funcionarios del gobernador santafesino Omar Perotti se justifica por la sensación de inseguridad creciente cuya causa hay que rastrearla, entre otros factores, en el pujante mercado negro de armas civiles.

Y, esta desazón no es privativa de las autoridades y de la ciudadanía santafesina. En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, existen numerosos testimonios que indican que la población civil ha comenzado a armarse y a adquirir productos de manera ilegal.

LEÉ: Rosario: murió la mujer baleada en un ataque en el que asesinaron a su pareja y a su hijo de un año

La fiscal Graciela Trill afirmó al sitio local 0223.com.ar que en las causas penales se nota, en blanco sobre negro, como circulan las pistolas y revólveres ilegales. “En las causas penales que incluyen secuestros de armamento así  como en las testimoniales que ofrecen los imputados, mucha gente se justifica diciendo que hay inseguridad, que nadie hace nada, y que se tienen que defender de alguna manera y tienen un arma en sus  hogares para disparar por si entran a robar”. Para la fiscal la población está viviendo en una especie de “cóctel explosivo que no se acrecentó tras la pandemia sino que ya viene de largos años. "Algunos piensan que se tienen que defender solos y otros tienen un temperamento especial pero hay que entender que tener un arma no es para cualquiera: hay que tener un temple determinado y saber que un arma puede terminar con la vida de una persona”.

En “La Feliz” cada vez se registran más crónicas en los medios de gente que reacciona a los tiros, muchas veces por conflictos vecinales.

En la región del Noreste argentino (NEA) la demanda de armas de parte de productores rurales va en aumento y el debate teórico propuesto por el candidato presidencial libertario, Javier Milei, quien se ha declarado “a favor de la libre portación de armas” parece tomar cuerpo entre los habitantes de esas provincias argentinas, en particular, en la ciudad de Sáenz Peña, en el Chaco, donde se han registrado numerosos hechos de inseguridad rurales.

Por ello, de las 1.618.877 armas registradas ante la ANMaC a nombre de 1.016.843 personas en toda la Argentina, expertos del sector civil coinciden en estimar que en la sociedad, hay cerca de cuatro millones de armas sin declarar.

Para el funcionario santafesino Joel Theytaz en su provincia “circulan por cada arma registrada cinco ilegales”. Por lo que, si hay  registradas 170.105 estarían en posesión de los santafesinos un total de 935.000 armas de uso civil.

A nivel país, el sitio chequeado.com remite a un trabajo del politólogo Diego Sanjurjo de la Universidad Autónoma de Madrid que señala que la Argentina posee, “…un arsenal civil de armas pequeñas cercano a las 3.600.000 unidades, lo cual da una tasa de posesión civil de 8,8 armas cada 100 habitantes (según la cifra del censo 2010) que es superior a la de Brasil (8,6) y supera ampliamente a Bolivia (2,5) y se acerca lenta pero progresivamente a los altos niveles de Chile (10,2) y Uruguay, el país más armado de la región en proporción con su población, con (32,6).

No es fácil obtener el permiso para poseer un arma en Argentina. Para tenerla de manera legal hay que tramitar ante la ANMaC la Credencial de Legítimo Usuario (CLU). La licencia tiene validez por cinco años y es obligatoria para aquellos que realicen actividades vinculadas con disciplinas de tiro, deportivo o de caza, y para todas aquellas personas que, aún sin poseer un arma propia, manejen armas de terceros.

Para obtener la CLU, se debe cumplir con los siguientes requisitos: no tener antecedentes penales, acreditar un medio lícito de vida, presentar un certificado de aptitud de tiro, otro de aptitud física y obtener un certificado de aptitud psicológica.

Ante estos requerimientos, los mercaderes de armas ilegítimas están incrementando sus ventas y este hecho, también, queda demostrado con los propios informes de la ANMaC.

El año pasado en la provincia de Santa Fe, los inspectores del organismo, secuestraron más de 1200 armas y cerca de 600.000 municiones en operativos sorpresa realizados en sectores de almacenamientos registrados.

A pesar de ser lugares habilitados, se hallaron irregularidades que llevaron a decomisar 1248 armas, 63.848 puntas, 4 kilogramos de explosivos y 18 equipos de recarga que seguramente tenían destino de comercialización en el mercado ilegal dominado por punteros y dealers de bandas narcos.