El crecimiento de la población que reside en las villas porteñas no se detiene.

A pesar de los procesos de urbanización que se encararon en algunos de esos barrios, el fenómeno persiste y le sumó un componente preocupante: los alquileres informales dispararon sus precios y excluye a los ya excluidos.

En términos numéricos, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires explica que en 2001 un total de 107 mil personas vivían en villas.

En 2013 ya se contabilizaban 275 mil personas. “Según diversas fuentes, oficiales y no oficiales, podemos inferir que la población que reside en las villas de la CABA ronda las 300 mil personas”, estima la Defensoría a cargo de Alejandro Amor.

Las cifras muestran que se triplicó la población en los barrios populares en los últimos 20 años, a pesar de que la cantidad de habitantes de la Ciudad se mantiene prácticamente estable desde el censo de 1945. Es decir, no tiene que ver con un supuesto crecimiento demográfico sino que está ligado estrictamente a cuestiones económicas.

Para Cecilia Zapata, investigadora del Conicet y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en temas urbanos, el fenómeno se genera porque “No hay posibilidad de acceso al alquiler en la Ciudad para los sectores populares y tampoco para aquellos sectores de ingresos medios, incluso trabajadores registrados, que no logran cubrir todos los requerimientos que les impone el mercado inmobiliario formal”.

“El problema del crecimiento de la población en Villas no es específico de la gestión de (Horacio Rodríguez) Larreta, es algo estructural de la Ciudad, pero la gestión Larreta no hizo nada para revertirlo”, le dijo Zapata a NA. Además remarcó que “es un fenómeno propio de las grandes ciudades que, incluso, muy lentamente empieza a derramar hacia el primer cordón del conurbano bonaerense".

Para Zapata los procesos de urbanización que encaró el Gobierno de la Ciudad en los barrios populares tampoco fueron una solución al tema de fondo. De hecho, eso quedó expuesto con la pandemia de Covid-19 que, por los problemas de infraestructura (falta de agua corriente y cloacas) tuvo su epicentro en los barrios populares y los convirtió en focos de contagios masivos.

En paralelo, terminaron siendo un arma de doble filo porque la intervención estatal “disparó los precios de los alquileres” en las villas.

“Los procesos de urbanización tuvieron muchos problemas de implementación y, a escala territorial, generaron un fenómeno de expulsión de la población más vulnerable de las villas que estaban siendo urbanizadas a otras que no eran parte de los planes de urbanización y se convirtieron en dormitorios más baratos”, reseñó.

El fenómeno de los alquileres en villas, potenciado por el crecimiento poblacional, es poco estudiado aún. Según la Defensoría de la Ciudad se estima que “alrededor del 30% de los habitantes de las villas porteñas son inquilinos que pagan para vivir casi los mismos costos que se abonan en otros barrios. Con la diferencia de que en cualquier barrio porteño para alquilar se debe brindar como garantía otro inmueble o un seguro de caución, mientras que en las villas la garantía de un alquiler es la propia persona”.

Lo que profundiza la situación de precariedad habitacional de estos “nuevos inquilinos” es que el 71,8% de ellos alquila una pieza y se debe someter a condiciones leoninas en el mercado informal. Incluso una porción de ellos sufren aumentos mensuales del precio del “inmueble”.