La jueza María Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociado Nº4 de la provincia de Mendoza, dictó la primera sentencia civil referida a los abusos en el Instituto Próvolo para niños hipoacúsicos. De acuerdo al fallo judicial, al que tuvo acceso NA, la Iglesia católica deberá resarcir económicamente a un sobreviviente de esa institución con $14,4 millones, a través de la obra San José, una asociación a cargo del propio Próvolo.

La novedad judicial se conoce a 5 años del inicio de la causa judicial, que en noviembre de 2019 derivó en la condena de los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el primero a 45 años de prisión y el segundo a 42.

A ambos se los juzgó por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el ámbito del Próvolo. En tanto, un jardinero de la misma institución, Armando Gómez, fue condenado a 18 años de prisión.

Luego de ese fallo, los familiares de las víctimas hicieron diversas manifestaciones y reclamos en el Poder Judicial de Mendoza a efectos de denunciar la injerencia de la Iglesia Católica en todo el proceso junto con el presunto abandono por parte del Estado.

LEÉ MÁS: Condenan a más de 40 años de prisión a curas por los abusos en el Instituto Provolo


En ese contexto, se conoció la sentencia de marras, que obliga a la Iglesia a pagar poco más de 14 millones de pesos.

“Es un fallo que marca un hito en la historia de la Justicia mendocina, no sólo por ser el primero en este tipo de delitos aberrantes, sino también porque se aplican normas de derecho constitucional, con absoluta perspectiva de derechos humanos, de discapacidad; se analizan las distintas situaciones particulares del caso y se le da preponderancia al valor de la justicia, porque en definitiva lo que se logró con este fallo es hacer justicia”, dijeron al portal MDZ los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes representan a un grupo de víctimas y decidieron hacer pública la resolución judicial.

Consultado por NA, uno de los letrados contó que la Iglesia no abonará el resarcimiento, sino que han decidido apelar la sentencia: "Siguen con planteos jurídicos de prescripción que fueron genialmente rechazados por la jueza. Moral, ética, nada. Solo les interesa el dinero", sostuvo el abogado Barrera. 

No obstante, el experto opinó: "Es una sentencia hermosa, más allá del dinero lo importante es la perspectiva de derechos humanos que tiene".