La Corte Suprema escuchó hoy los argumentos a favor y en contra de desregular el auto cultivo de marihuana con fines medicinales y quedó en condiciones de resolver si autoriza esa práctica, reclamada por un grupo de madres cuyos hijos experimentaron sensibles mejorías en cuadros complicados mediante la utilización de aceite de cannabis.

La postura del procurador general interino, Eduardo Casal, resumió los planteos de uno y otro sector, en torno a las regulaciones por parte del Estado sobre el uso del cannabis medicinal.

“El cultivo de estupefacientes con fines medicinales debe ser autorizado pero también debe ser controlado adecuadamente por el Estado”, opinó.

Casal sostuvo que legal y administrativamente “se han dado pasos para garantizar el acceso al tratamiento con aceite de cannabis” y se pronunció conforme con el marco regulatorio en que evoluciona esa perspectiva.

“No desconozco la trascendencia de los derechos comprometidos frente a la gravedad de los padecimientos de los menores en cuyo interés se acciona”, admitió el procurador.

Pero en ese contexto subrayó que “el marco regulatorio brinda una adecuada respuesta al mismo tiempo que procura garantizar la salud pública de la comunidad en general que ellos integran”.

 En la audiencia expusieron también las partes en pugna, el abogado Domingo Rondina, por la Asociación Civil Macame; el director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Gaspar Tizio, y el fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder.

Lo que está en discusión es la flexibilización del auto cultivo y los mecanismos de control para evitar que, so pretexto del uso medicinal, se utilicen los principios activos de la planta de marihuana restringidos por la ley nacional de drogas.

Además de Casal, también expusieron los defensores públicos oficiales Pablo Ordoñez y Mariana Grasso, en representación de la Defensoría General de la Nación, quienes adhirieron a la autorización para el auto cultivo con fines terapéuticos.

También disertaron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) los representantes del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, Marcela Wetherich y Juan Andrés Pisarello; de la Asociación Civil Fe y Esperanza Papis Adicciones, Edith Dacal; del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky, y del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, Élida Formente.

La Corte quedó en condiciones de resolver si hace lugar o rechaza la petición, aunque también podría decidir un mix de ambas posturas, en sintonía con la propuesta del procurador Casal.

La Asociación Macame requirió la inconstitucionalidad de las normas que traban el auto cultivo de cannabis con fines medicinales para atender las patologías  como la epilepsia y el autismo.

Además, la asociación civil cuestionó la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales.