La tragedia de Beara, la caída de un entrepiso de un boliche en Palermo en la que murieron dos mujeres y medio centenar de personas resultaron heridas hace 11 años, ingresó en la prolongada antesala del juicio oral y público con empresarios y ex funcionarios del gobierno porteño  en el banquillo de los acusados.

Los hechos, de los que este 10 de setiembre se cumplen 11 años, fueron elevados a juicio en dos tramos (uno en 2017 y el otro en 2019)  tras el dictamen acusatorio del fiscal Andrés Madrea, quien imputó entre otros a los ex funcionarios Martín Farrell y Vanesa Berkowski. Del grupo empresario que explotaba el boliche, dos murieron antes de llegar a juicio por sus presuntas responsabilidades en la tragedia: Roberto Martín Kattan Coria y Rolando Fliess.

Ellos, junto con Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Ivan Andrés Fliess, quienes representaban a la sociedad “El viejo sabio”, que regenteaba Beara y también otro boliche, Caramel. La causa recayó en el Tribunal Oral número siete, que acaba de disponer la “instrucción suplementaria”, es decir la producción de prueba para el juicio, la aceptación de las propuestas de las partes y la determinación de los testigos que podrán declarar durante el debate.

El 10 de setiembre de 2010, Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron como consecuencia del derrumbe de un entrepiso en el local, que en los hechos funcionaba como una suerte de Cromañón en escala. El lugar estaba habilitado para fiestas privadas pero la investigación determinó que había shows en vivo, baile y se cobraba entrada a los concurrentes.

En su acusación, el fiscal dio “por acreditada tanto la existencia de los hechos que provocaran las muertes  y lesiones, como los pagos en cohecho y otros delitos relacionados, así como también la responsabilidad que en los mismos le cupo a los socios privados, sus mandatarios, gestores, organizadores y funcionarios imputados”.

“La habilitación mediante sobornos, su intervención en la construcción del entrepiso inidóneo, el aval y la inspección mentida, los documentos vencidos, y los avisos directos -esto tanto corre para los privados y los funcionarios-, son datos de la realidad”, remarcó Madrea al proponer, hace cinco años, el juicio oral.

El tribunal que tiene a su cargo el juicio está integrado actualmente por los jueces Gustavo Rofrano, Alejandro Noceti Achaval y Gabriel Vega, pero esa formación cambiará para el momento del debate, puesto que Rofrano es subrogante y cesará en esa función en las próximas semanas.

El tribunal rechazó incorporar como prueba una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas de las que surgían indicios de pagos de sobornos para la habilitación de Beara porque esos elementos fueron anulados en un juicio anterior contra dos supuestos gestores de los permisos de funcionamiento.

En el proveído de la prueba también fue rechazada la declaración del padre de Leticia Provedo, quien designó apoderados legales para que lo representen, ni tampoco aparece en la lista de testigos la madre de Ariana Lizarraga. El forense que practicó las autopsias tampoco figura en la nómina, pero sí fueron incorporados los informes que elaboró tras examinar los cadáveres.

En el caso del ex funcionario Farrell –quien incluso, pese a la acusación en su contra, fue propuesto como juez de la Ciudad pero su pliego no fue aprobado por la Legislatura-, declarará como testigo su propio abogado defensor, Martín García Santillán, quien era jefe de la Unidad de Controladores de Faltas del gobierno porteño al momento de la tragedia.

Al debate fueron convocados 42 personas que estuvieron en Beara aquella noche (con prioridad para quienes resultaron heridos), para explicar “la forma en que fueron invitados” al evento durante el cual se produjo el derrumbe.

Si bien no fue planteado como hipótesis previa al juicio, la “invitación” parece descartar –en principio- que en Beara funcionara un local bailable sin autorización, ni que se cobrara entrada a los asistentes, pero también eso deberá aclararse durante el debate.

Las partes deben resolver aún si convocarán como testigo a Ariel Puchetta, actual integrante del grupo musical Ráfaga, o a Sergio Aranda, quienes aquella noche actuaron como parte de la banda “La Nueva Dimensión”. De todos modos, si durante el desarrollo del juicio algunos de los testigos que de momento no fueron convocados resultaran determinantes para esclarecer una situación, el tribunal está en condiciones de llamarlos.

En la causa también están imputados los ex comisarios Rodolfo Nicolás Cabezas y Luis Eduardo Acosta, el subcomisario Julio Alfredo González y el Sargento Gustavo Flaminio. Las acusaciones giran en torno a los delitos de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones culposas graves y leves y cohecho.

Entre los ex funcionarios imputados aparecen los ex titulares de la Dirección de Habilitaciones, Martín Diego Farrell;  los jefes de Habilitaciones Especiales y Esparcimiento, Pablo Damián Saikauskas y Norberto Juan Cassano; el Perito Verificador de Habilitaciones, arquitecto Isaac Rasdolsky; el Inspector municipal Carlos Gabriel Mustapich, y la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vanesa Berkowski, en su caso por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El juicio oral todavía no tiene fecha de inicio prevista.