La Sala II de la Cámara Federal tiene pendiente la definición del caso por la secta de Villa Crespo, pues deberá resolver si avala o no que unas 17 personas vayan a juicio oral y público acusadas por lavado de dinero y trata de personas con fines de explotación sexual.

Es que los jueces tienen dos planteos para resolver desde hace varias semanas, uno de ellos que apunta a la nulidad del decreto de elevación a juicio oral y público que dispuso en primera instancia el juez federal Ariel Lijo.

El otro planteo de las defensas técnicamente conocido como excepción de falta de acción plantea que no existió delito en los hechos investigados. 

Por ello, el futuro de la causa depende si la Cámara Federal hace lugar o no a esos planteos, pues la nulidad decretada retrotraería la causa a primera instancia y sería un duro golpe a la investigación. 

Los acusados son el presunto líder Juan Percowicz, también Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, y Federico David Sisrro.

Todos se encuentran en libertad luego de permanecer meses con prisión preventiva. La acusación es por formar una asociación ilícita que operó desde 2004 al 2022 con “rasgos de secta de naturaleza espiritual”.

El fin fue “captar personas mediante engaños o que se encuentran en situación de vulnerabilidad para incorporarlos a la organización con el fin de reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes”.

Según la acusación, la Escuela contaba con unos 179 alumnos repartidos en distintas sedes de Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York. 

“Para ascender dentro de la jerarquía de la organización debían realizar un proceso de aprendizaje basado en la lectura de libros y la realización de talleres y diferentes tareas”, según el juez Lijo.

Incluso, le atribuyen a la organización el cometer maniobras de trata de personas con fines de explotación sexual en la sede de la calle Estado de Israel, y la grabación de tales episodios, que, según se sospecha eran utilizados con fines de extorción. 

En la causa constan escuchas telefónicas y gran prueba documental de distintas personas víctimas de la organización.