La Argentina apareció mencionada en un informe de una prestigiosa ONG que recopila anualmente los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Se trata de "Última línea de defensa", el registro elaborado por Global Witness para dar cuenta de la situación en 2020.

El informe mostró que el año pasado un total de 227 personas fueron víctimas de ataques fatales por sus actividades en pos del medio ambiente y en contra del cambio climático, el extractivismo y actividades ilícitas que perjudican a la naturaleza.

Uno de esos asesinatos se produjo en la Argentina, puntualmente el 15 de septiembre de 2020 en el distrito tucumano de El Cevilar, ubicado casi 20 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Allí fue atacado a balazos el productor Juan Carlos González, miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). El hombre, que trabajaba un campo de su propiedad y se dedicaba a criar chanchos, gallinas, vacas, caballos y mulas, fue asesinado por un policía retirado llamado Carlos Fortunato Flores, quien pretendía usurpar sus tierras para alquilarlas a sojeros de la zona.

El asesino, de 76 años, tenía antecedentes penales por varios intentos de homicidio y robos: en la comuna de El Bracho era conocido por amenazar a las familias campesinas para quedarse con sus tierras y luego hacer negocios mediante el alquiler a productores de soja. La propiedad de la familia de Juan Carlos "Cheta" González era uno de sus objetivos.

Flores aseguró que se defendió de una agresión, pero el juicio determinó que la víctima no tenía ningún arma al momento del ataque. Menos de tres meses después del crimen, el ex uniformado recibió una condena a once años de prisión en un juicio abreviado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego: sin embargo, el juez Javier Tomas resolvió concederle la prisión domiciliaria en la casa de una familiar en Horco Molle y también dispuso que sea monitoreado con una tobillera electrónica.

"A medida que la crisis climática se intensifica, también lo hace su impacto en las personas, incluidas las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Una acción climática significativa requiere proteger a las personas defensoras y viceversa. Sin cambios relevantes, es probable que esta situación solo se agrave: a medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras seguirán empeorando", advirtió Global Witness en su informe.

Y agregó: "Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias. Los legisladores han confiado demasiado en la autoevaluación corporativa y en los mecanismos corporativos voluntarios. Como resultado, las empresas continúan causando, contribuyendo y beneficiándose de los abusos contra los derechos humanos y de los daños ambientales, especialmente a través de las fronteras".