El Procurador General solicitó en el jury la destitución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán por “mal desempeño” en el caso de Lucio Dupuy.

Guillermo Sancho cuestionó que ninguna de las funcionarias “escuchó al niño ni al padre”, así como tampoco se le dio intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, ni se actuó. 

Durante el alegato, el procurador sostuvo que se trató de una falta grave la homologación del acuerdo ya que "existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío. En forma verbal, gestual o por dibujos, el niño se pudo comunicar”.

Otras de las cuestiones a las que hizo hincapié es que el artículo referido al cuidado personal señala que se debe escuchar al menor y “eso no se hizo”.

“En una pericia de producción gráfica se registraron signos de indicadores de situaciones de violencia y abuso sexual infantil a través de figuras representativas del entorno familiar próximo”, detalló Sancho.

El menor fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su mamá y su pareja en La Pampa.

“Todo lo que se hizo para entregar la tutela, es decir citar testigos y realizar el informe socio-ambiental, nada se hizo en el expediente del cuidado personal. No hubo ningún informe, simplemente se homologó el acuerdo”, expresó.

En el cierre de su alegato indicó que tanto Ballester como Catán son responsables de “mal desempeño”, “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

Si la Justicia las encuentra culpables, se confirmaría la destitución de ambas funcionarias. 

Acerca de las defensas de las acusadas, Pablo Rodríguez Salto, abogado de Pérez Ballester, manifestó que “no se puede destituir a un funcionario por una cuestión opinable, sino que debe hacérselo por un error de derecho grosero”.

“El procurador habló de lo que dice el Código Civil, pero no dijo que el Código también dice que en el cuidado unipersonal la disconformidad debe ser expresa; por lo tanto, en los casos de padres separados cuando se toma una decisión sobre un hijo se presume que el otro avala esa decisión. Esa es la regla jurídica”, sumó.

Ante este escenario, ambos defensores solicitaron que sean absueltas de las acusaciones en su contra.