La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad salteña de Tartagal inició una investigación tras la muerte de una nena de 14 años que estaba embarazada y falleció en un hospital tras haber permanecido 11 días en coma farmacológico.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, las actuaciones fueron dispuestas por el fiscal penal Gonzalo Vega en torno a la situación de la menor embarazada, e integrante de una comunidad wichí de Pacará, del departamento General José de San Martín.

La menor falleció en el Hospital de Tartagal, y ahora el fiscal investiga si la joven fue víctima de abuso sexual. En ese marco, y dado que la madre y el padre de la niña declararon que convivía con su pareja desde hacía más de un año, un menor de 16 años, el fiscal penal 2, Rafael José Medina, interino en la Fiscalía de Violencia, pidió la inmediata intervención de la Asesoría de Menores, del Juzgado de Menores y del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.

Mientras se diligenciaban las medidas solicitadas por la Fiscalía de Violencia -en el marco de la investigación por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, se produjo la muerte del feto, posiblemente por un cuadro de preeclampsia (caracterizado por presión arterial alta y signos de daños en otros sistemas de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones), y la niña fue intervenida quirúrgicamente.

Entonces, se dio intervención a la Fiscalía de Graves Atentados de Tartagal, a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega, quien investiga las causas de muerte del feto, para determinar si la preeclampsia fue determinante o se avanza en la hipótesis de una caída, como trascendió públicamente.

La Fiscalía de Graves Atentados solicitó el secuestro de la historia clínica, y la medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías interviniente, pero los profesionales del Hospital Juan Domingo Perón respondieron que la necesitaban mientras la menor siguiera bajo tratamiento,  y en terapia intensiva.

El fallecimiento de la niña se produjo el martes pasado y entonces el fiscal Vega solicitó la orden del secuestro de la historia clínica, mientras se llevan adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el posible abuso sexual y las causas de muerte del feto y la menor.