Una clínica en el barrio porteño de Belgrano fue inspeccionada este jueves tras varias denuncias en las redes sociales que señalaban que en el lugar habría personas que estaban realizando ejercicio ilegal de la medicina, al tiempo que se detectaron numerosas irregularidades, por lo que se decidió suspender el ingreso de nuevos pacientes.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a NA, la inspección se llevó a cabo en la Clínica Nueva Belgrano, ubicada en la calle Dragones al 1800, para constatar si existe el ejercicio ilegal de la medicina, si los residuos patógenos son bien tratados y confirmar que no haya remedios vencidos.

La clínica no pudo ser clausurada porque hay 72 pacientes internados allí, pero lo que determinó la Justicia fue evitar nuevas internaciones. 

La medida, dispuesta por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 5, a cargo de Miguel Kessler, se dio en el marco de una causa por averiguación de sobre presunta infracción al artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quien incumpla normas para evitar propagación de enfermedades.

El origen de la causa es una investigación a partir de informaciones en redes sociales sobre supuestos padecimientos y mala atención que sufrirían los pacientes, superpoblación, lo cual facilitaría la propagación de enfermedades.

Durante la jornada, se hizo una minuciosa inspección por los siete pisos de la clínica, pasando por todos los sectores de servicios médicos de atención de pacientes de forma ambulatoria y en zonas donde había personas internadas con patologías más graves, en general ancianos afiliados al PAMI.

Se llegó a sectores de Farmacia, Kinesiología, Terapia Intensiva, Laboratorio y Hematología y se encontraron diversas irregularidades en su funcionamiento, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

Los oficiales hallaron en el procedimiento una gran cantidad de medicamentos vencidos en el sector de Terapia Intensiva y reactivos fuera de su fecha útil en el Laboratorio.

Además, se encontraron residuos patogénicos arrojados en tachos sin su debida protección y que incumplían la Ley 24.051.

El médico director del establecimiento no se encontraba en el lugar y se hallaron irregularidades en la documentación de la clínica.

Se labraron actas de intimación por cables expuestos, falta de señalización de matafuegos y sistema de evacuación, falta de protección a tubos de hidrógeno, informes sobre inspección a calderas y estudios físico químico y bacteriológico de los tanques de agua.

Además, se constató que una enfermera de nacionalidad peruana y una médica de nacionalidad colombiana que atendían no poseían sus correspondientes matrículas habilitantes por el Ministerio de Salud.

Asimismo, se constató que la capacidad de pacientes permitida en la Unidad de Cuidados Intensivos superaba el máximo permitido y allí, los internados, en su mayoría personas de la tercera edad, estaban "en un grado de abandono y descuido preocupante e incluso algunos de ellos como dopados", precisaron los voceros.

Promovida la consulta al magistrado actuante, se lo puso en conocimiento de la situación de la clínica y dispuso que a la enfermera y a la médica se las notifique en una causa en su contra por "Ejercicio Ilegal de la Medicina (artículo 208 del Código Penal) y por ejercer una profesión sin títulos habilitantes (artículo 247 del Código Penal).

Además, todos los entes gubernamentales que participaron de la inspección que eleven un informe de las actuaciones y se proceda al secuestro de los medicamentos vencidos hallados en los distintos sectores y de los elementos patogénicos.

Colaboraron en el procedimiento, representantes del Ministerio de Trabajo de la Ciudad, Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT, Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad y de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA).

La causa se inició por tareas de patrullaje virtual de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.