Dos comerciantes y 10 gendarmes fueron imputados por el contrabando de ropa desde Chile a cambio de coimas en los controles de ruta. En este sentido, los sobornos se pagaban mediante transferencias bancarias de entre 20 mil y 100 mil pesos.

El hecho se dio entre las inmediaciones de Salta y Tucumán, en la provincia norteña de Jujuy, cuando el sábado pasado, la Unidad Fiscal de Jujeña desarticuló un grupo de delincuentes conformado por gendarmes acusados de dejar pasar mercadería proveniente de Chile, a cambio de sumas de dinero.

La causa se inició en septiembre de 2023 debido a varias denuncias realizadas por automóviles que se quejaban del cobro excesivo de coimas y de algunos miembros de la propia fuerza federal que conocían la maniobra. 

Como consecuencia se realizaron tareas de campo e inteligencia, a través de las cuales se estableció que efectivamente se trasladaban a este país gran cantidad de mercadería de todo tipo.

A través de una audiencia de formalización de la investigación penal, el juez dispuso la prisión preventiva de los dos comerciantes, mientras que a los gendarmes les impuso la prohibición de salir del país, el comparendo cada 15 días en una dependencia policial, la promesa de no entorpecer el proceso y la retención de sus documentos de viaje.

Además, dictaminó la imputación penal de los comerciantes Luciano Jorge Carabajal y Cristian Ramón Urzagasti, por el delito de contrabando de importación agravado por el número de personas involucradas, la intervención de miembros de fuerzas de seguridad y por el valor de la mercadería.

En tanto, los gendarmes Osvaldo Alfonso Durán, Gustavo César Aranibar, Yanina Gabriela Báez, Claudio Gabriel Bareiro, Gustavo Celestino Castillo, Ricardo Fernando Gutiérrez, Matías Ezequiel Escalante, Nicolás Alejandro Iznardo, Diego Sebastián Pabloff y José Antonio Pantoja, pertenecientes al Escuadrón 53, fueron imputados por contrabando de importación en concurso con los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios.

Por último, se autorizaron una serie de pericias a los teléfonos celulares secuestrados a los acusados y sus cuentas bancarias fueron congeladas.