El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires implementó una nueva política criminal para el abordaje de los casos de violencia de género, la que prevé un enfoque integral con perspectiva feminista transversal, la cual permite contemplar las características de cada caso, un abordaje interdisciplinario, y una política basada en la evidencia de los datos empíricos.

Entre los puntos centrales del nuevo abordaje se destacan la revisión obligatoria del archivo de los casos más graves por parte de las Fiscalías de Cámara, el abordaje del incumplimiento de deberes de asistencia familiar como una forma de violencia económica y patrimonial, y la ampliación de la competencia de las Fiscalías Especializadas, que van a investigar como casos de violencia de género los delitos y contravenciones cometidos contra Mujeres y Personas LGBTIQ+.

Este jueves, en su cuenta de Twitter, el Fiscal General Juan Bautista Mahiques, se refirió al tema: "NUEVA MANERA DE INVESTIGAR LOS DELITOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO. Desde hoy el @mpfcaba implementará una nueva política criminal en violencia de género. #SéParteDeEsto".



Y en un hilo dio algunos detalles: "Para evitar el cierre prematuro de los casos más graves, las Fiscalías de Cámara deberán revisar todos los archivos que se decidan en las Fiscalías Especializadas de primera instancia".

Y siguió: "Se implementan nuevas pautas para analizar la declaración de las víctimas con la debida intervención del equipo interdisciplinario, evitando revictimizaciones".

Según informó el MPF, en la nueva modalidad los casos serán analizados en función de la gravedad de las conductas, el contexto de violencia, las circunstancias particulares de las víctimas y de las personas agresoras.

Además, las Fiscalías de Cámara deberán revisar el archivo de las causas más graves que se decidan en las Fiscalías Especializadas de primera instancia, para evitar el cierre prematuro de dichos casos.

En tanto, el incumplimiento de deberes de asistencia familiar será tratado como una forma de violencia económica y patrimonial, que permitirá detectar mecanismos de control a través del uso de dinero y otros medios materiales. Y se priorizará la situación de las mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Otro de los puntos centrales de la nueva modalidad, será que se realizará la suspensión del proceso a prueba (probation), siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la víctima y se reúnan las condiciones necesarias.