La Cámara Federal de Casación despejó parcialmente el camino para el juicio oral contra dos empleadas suspendidas del ANSES, en una causa que está tramitando en los tribunales federales de Santa Fe desde hace 20 años. 

El expediente recorrió un camino insólitamente largo en la Justicia desde que el 19 de septiembre de 2002 la jefa de la Unidad de Atención Integral Rafaela de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Graciela Susana Ballario, formuló la denuncia por presuntas irregularidades detectadas en la tramitación y otorgamiento de beneficios previsionales en más de una veintena de expedientes de prestaciones por edad avanzada.

La causa recayó en el juzgado federal a cargo del magistrado Reinaldo Rodríguez, quien en dos oportunidades dispuso los procesamientos de un grupo de imputados por lo que por aquel entonces se conoció como “las jubilaciones truchas de Rafaela”.

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Entre las imputadas figuraban Marcela Luciana Dechaino Podio y Sonia Roxana Orona, ambas suspendidas en los cargos que ocupaban en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Rafaela.

Orona está suspendida desde 2007 y Dechaino Podio desde el 1º de noviembre de 2003.

El derrotero del expediente muestra que el primer impulso fiscal de la investigación se produjo el 7 de octubre de 2002. La investigación no parecía complicada: supuestas irregularidades en trámites realizados para percibir jubilaciones mínimas: papeles, constataciones, algunos testimonios y poco más.

Sin embargo, el expediente fue elevado a la etapa de juicio oral el 31 de mayo de 2011 y pese a que habían pasado ya nueve años, la causa volvió a empantanarse. El 21 de febrero de 2017, cuando varias imputaciones ya habían prescripto por el paso del tiempo, se fijó fecha de inicio de juicio para el 8 de mayo de ese año, pero el debate se suspendió antes de empezar.

La nueva fecha de juicio fue el 27 de abril de 2020, pero otra vez fracasó el proceso porque había estallado la pandemia.

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Dechaino Podio y Orona pidieron entonces la prescripción de la causa por violación del “plazo razonable” para arribar a una sentencia, pero el diciembre del año pasado la Casación, con las firmas de los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña rechazó el planteo y exhortó al tribunal oral de Santa Fe a que sin más demoras iniciara el debate.

Tampoco ocurrió: las imputadas apelaron el rechazo a la prescripción con la intención de llegar hasta la Corte Suprema, pero el 26 de abril pasado la Casación declaró “inadmisible” el recurso y despejó el penúltimo obstáculo al juicio oral.

Penúltimo, porque la defensa de las imputadas todavía tiene la posibilidad de recurrir en “queja” ante la Corte, y la violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable es una de las razones por las que el máximo tribunal puede intervenir.

Según la documentación a la que tuvo acceso La Capital, el perjuicio económico ocasionado al sistema previsional del Estado supera los 45 mil pesos.