Grave caso de violencia policial en Salta
Cuatro policías que allanaron ilegalmente una vivienda en la provincia de Salta, amenazaron de muerte a sus habitantes y los golpearon.
Cuatro policías que allanaron ilegalmente una vivienda en la provincia de Salta, amenazaron de muerte a sus habitantes y los golpearon, fueron imputados este viernes.
Por el hecho, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, los imputó este viernes por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas en concurso real, en calidad de coautores. Según confirmaron fuentes judiciales a NA, la audiencia de imputación está prevista para el próximo miércoles 24 de febrero.
Las imputaciones recaerán sobre los efectivos G. A. P., de 36 años; R. D. P., de 25; W. D. P., de 44 y C. A. A., de 37, y todos se desempeñan en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.
Las actuaciones de la fiscalía se iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes denunciaron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5:00, dormían en su casa ubicada en barrio Arturo Menu de Rosario de la Frontera, cuando escucharon ruidos en la puerta.
Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija y al despertarse por los ruidos, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.
Ambos relataron que en ese momento fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó "quédense quietos o los quemo".
Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero.
Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.
Posteriormente, los denunciantes relataron que fueron nuevamente subidos al móvil, donde uno de los efectivos les dio golpes de puño y con la punta de la cachiporra en el estómago.
Tras esto, fueron llevados a la Comisaría 31, donde los amenazaron, al decirles que la próxima vez, serían llevados a un descampado y que "no la iban a contar".
De la imputación surgió que los efectivos, llegaron al domicilio y sin que existiera motivo suficiente autorizado por ley, ingresaron a la vivienda, y una vez allí, con exceso en sus funciones, detuvieron a las víctimas sin la autorización de la autoridad competente y luego, mientras los trasladaban, acometieron en contra de su integridad física, al causarle las lesiones que fueron constatadas.
La fiscal Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos fueron corroborados con las denuncias de las víctimas, los certificados médicos, la nómina de los efectivos que estuvieron en el móvil y la copia del libro de guardia, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los acusados.