Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín cuestionaron fuertemente a la jueza María Gabriela Marrón por haber negado una batería de medidas de prueba contra los policías bonaerenses sospechados por la muerte del joven Facundo Astudillo Castro.

Facundo desapareció el 30 de abril pasado y su cuerpo fue encontrado sin vida en agosto, donde se determinó su identidad pero aún se investigan si se trató de un homicidio o accidente.

Al planteo de las fiscalías apelando el rechazo de la jueza ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, adhirieron la querella de la Comisión Provincial por la Memoria.

Las medidas tienen que ver con el allanamiento contra el Puesto de Vigilancia Policial de la localidad de Teniente Origone, donde se encontró un amuleto que pertenecía a Astudillo Castro, la recolección de teléfonos de uso de personal policial de Villarino y la UPL de Bahía Blanca en la Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la información de las empresas de telefonía móvil vinculadas a los agentes policiales sospechados, la orden de presentación contra la Subcomisaría de General Daniel Cerri y el secuestro de los libros de guardia del Hospital de General Daniel Cerri.

La jueza Marrón negó todas las medidas cuestionando a los fiscales por la falta de fundamentación y hasta los acusó de utilizar de "chivo expiatorio" a los policías sospechados, de buscar "desprestigiarlos" y hasta les reclamó planteen otra hipótesis del caso.

Para la jueza, los pedidos de los fiscales son "sesgados, parciales y carentes de razonamiento lógico y válido".

La respuesta de los fiscales Heim y Azzolin en la apelación, la cual no lleva la firma del fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, fue en durísimos términos contra la magistrada.

Ambos fiscales acusaron que la decisión de la jueza "anula completamente la posibilidad de agotar cada uno de los cursos abiertos de la investigación y sus interrogantes".

"Resulta por demás sorprendente para estos acusadores el pedido que se nos dirige, esto es, la elaboración de una hipótesis alternativa", consideraron los fiscales, quienes cuestionaron que la jueza "exige una sentencia condenatoria, y no a la argumentación de una simple solicitud para producir medidas".

Incluso, señalaron que es llamativa la "carga peyorativa" que dirigió la jueza al trabajo de los fiscales y que con sus dichos "no ha guardado la prudencia, el temple y serenidad que tan elevada tarea requiere a la hora de decidir".

"Tampoco ha reparado siquiera mínimamente en una cuestión elemental en la función judicial como lo es el respeto por el trabajo de las partes Recurrir a la descalificación de las partes y a su labor, inclusive a la particular advertencia de que se evalúen posibles comportamientos delictivos de auxiliares de la justicia", agregaron.

"Ninguno de estos Magistrados en el ejercicio de la profesión han recibido tamaña y vulgar descalificación hacia sus respectivos trabajos, en ninguna de las múltiples jurisdicciones en las que hemos tenido intervención, en casos sumamente graves, pese a sí haber tenido diferencias de criterio con los juzgadores pero que se han resuelto dentro de los parámetros del respeto y decoro profesional y en el marco de las argumentaciones plausibles que el sentido común y la ciencia jurídica habilitan", concluyeron los fiscales.