El fiscal federal Ramiro González pidió el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos el ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo,  por supuesta administración fraudulenta contra el Estado en la compra de equipamiento de seguridad al gobierno de Israel en 2011.

El pedido de sobreseimiento incluye a otros siete integrantes de una comisión ad-hoc que realizó la evaluación sobre la compra del equipamiento, ordenado por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, en el marco del programa Buenos Aires Ciudad Segura (BACS).

El fiscal González dictaminó que “no hubo perjuicio” contra el Estado, y le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que en lugar de mandar la causa a juicio oral disponga el sobreseimiento de todos.

“No se puede negar que el Proyecto BACS y su implementación han tenido falencias, pero no se puede afirmar categóricamente que estas falencias generaron un perjuicio real al Estado Nacional”, dictaminó el fiscal.

“Las reglas de la sana crítica y su conjunción con las pruebas que concretamente se arrimaron a este sumario, no me permiten desentrañar la opacidad del episodio investigado”, insistió.

El dictamen subraya que “las medidas de pruebas no aportaron ningún dato de interés tendiente a confirmar o, al menos profundizar la investigación en algún sentido, en punto a afirmar la existencia de un delito de acción pública en el marco de los hechos que conforman el objeto procesal de esta causa”.

La jueza Capuchetti dispuso los procesamientos y embargos de hasta 30 millones de pesos en setiembre del año pasado  y la Cámara Federal confirmó esa decisión tres meses más tarde.

Entonces la jueza le “corrió vista” a las partes –la fiscalía y el Ministerio de Seguridad, querellante en el expediente- para que requirieran la elevación del expediente a la etapa de juicio oral.

Pero en esa instancia, tanto el fiscal cuanto la querella consideraron que no hubo delito y pidieron los sobreseimientos de todos los imputados.

La acusación original les imputaba “haber actuado mancomunada, coordinada y funcionalmente, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2011 y el 23 de junio de 2011, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración les fuera confiada, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

Pero el fiscal González replicó que “no se ha determinado el perjuicio, requisito esencial del tipo penal achacado” y recordó que la figura reprochada castiga a quien “violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

Ello no ocurrió en este caso.

En eso coincidió también  Edmundo Durval Segovia, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Nación: “al no encontrarse acreditado el perjuicio fiscal (…) no se encuentra configurado el tipo penal imputado, con las consecuencias procesales que dicho extremo conlleva”.

“Esta querella se encuentra obligada a solicitar el sobreseimiento de los imputados máxime teniendo en cuenta que los delitos imputados no se encuentran acreditados con la prueba producida”, insistió.

Con el pedido de sobreseimiento de la fiscalía y la querella, y no existiendo otra parte acusadora en el expediente, la jueza Capuchetti debería exculpar a los imputados y cerrar la causa.

Un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad estableció que las dificultades que atravesó la implementación del BACS tuvieron su origen en las diferencias políticas entre el gobierno nacional y el de la Ciudad en aquel momento.

“La falta de coordinación con el Gobierno de la Ciudad, producto del particular estado de la relación con el Gobierno Nacional, no ha sido el campo propicio para la implementación del proyecto, obligando a incurrir en transgresiones administrativas e implementar soluciones técnicas y operativas alternativas guiadas por el pragmatismo, las que si bien posibilitaron llegar al grado de avance que actualmente registra la implementación del proyecto, han tenido un impacto negativo en el cumplimiento de los plazos de ejecución previstos originalmente”, sostuvo el reporte.