El fiscal Guillermo Marijuan citó a indagatoria a Natasa Loizou, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Material Controlado por no autorizar 60 armas Taser que tenían como destino la Policía de la Ciudad y que habían sido adquiridas por el organismo. 

Según la denuncia de algunos referentes de la oposición y otros particulares, en mes de octubre de 2022 reportaron que el Ejecutivo Nacional negaba arbitrariamente la autorización de importación de armas de baja letalidad por cuestiones “ideológicas”.

"Precisaron que, tras haber sido autorizada la adquisición de un lote de sesenta armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos”, la actual Directora nunca habilitó el ingreso.

Ramiro Urristi, anterior Director de la Agencia había comprado las armas y sostuvieron los denunciantes que fue desvinculado por el propio Gobierno al haber autorizado la compra. Él declaró en la causa, delegada en Marijuan, y dijo que renunció por cuestiones personales pero que desconocía que desarrollo tuvo el trámite de las armas. 

“La firma que resultó adjudicataria de la compra de las armas electrónicas, Bucello y Asociados, el 2 de diciembre de 2021 solicitó a la Directora Ejecutiva del ANMAC, Natasa Loizou, el pronto despacho de la petición de autorización de importación. Iguales extremos reiteró con el 23 de mayo 2022. Ello surge del informe efectuado por la propia empresa, así como de las constancias acompañadas y de los expedientes”, recopiló Marijuan.

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El fiscal valoró de la declaración testimonial que tomó a Urristi el énfasis en las controversias por la compra de armas que “eran públicas en los medios de comunicación entre personas que se manifestaban en contra de la utilización de este tipo de armas por parte de las fuerzas de seguridad y otras que propiciaban su uso, aunque sostuvo que en el derecho aplicable tal controversia no existe”. 

Incluso que tras su renuncia el ministro de Justicia, Martín Soria, le transmitió que “no estaba de acuerdo en cómo había trabajado el tema”. “Si bien no iba a afectar en mi decisión me reclamó que podría haber avisado que iba a firmar un acto que iba a estar en la discusión pública”, precisó.

Pese a que la tramitación fue avalada por toras las áreas de la ANMAC y que incluso por una intimación hecha por el Gobierno de la Ciudad a través de la Justicia se pidió una pronta resolución sobre la importación, la Directora nunca respondió. 

Por eso, el fiscal la cita a indagatoria por abuso de autoridad en sus funciones: “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, reza el código.