El fiscal penal y contravencional porteño, Martín Lapadú, pidió mantener la acusación contra la banda “los Marola”, una organización familiar dedicada al venta de drogas en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, y que a través de la violencia tenía atemorizado al barrio.

 La organización, de 13 miembros, es liderada por Sandro Gustavo González, y cuenta con varios miembros de la familia apodada “Los Marola”. La Justicia comenzó a investigar algunos hechos que van desde junio del año pasado a la fecha, por actividades en el territorio comprendido entre la avenida Bonorino, calle 10, Ana María Janer y Charrúa del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1-11-14), de la Ciudad de Buenos Aires.

En una investigación en la que intervino la Procunar (Procuraduría anti drogas), la fiscal penal y contravencional Cecilia Martín, la jueza Natalia Molina dispuso una secuencia de allanamientos, más de treinta, donde se encontró gran cantidad de drogas.

Por esos hechos, la banda fue procesada por la jueza Molina, y fue apelado por las defensas, a la par que plantearon nulidades contra los allanamientos. 

LEÉ: Pactó un encuentro con una adolescente, la familia de ella lo engañó y lo lincharon

 El fiscal ante la Cámara, Martín Lapadú pidió mantener las acusaciones contra “Los Marola” y que todos sus planteos sean rechazados. 

 “Aunado a todo ello, debe ponderarse también que, a la hora de valorar el quantum de una eventual condena, resultará un factor de peso la envergadura que reviste la organización, la gran cantidad de material estupefaciente, de armas y dinero secuestrado, y la grave afectación a los bienes jurídicos tutelados por la norma, todo lo cual permite presumir que la condena no será por el mínimo de la escala correspondiente a la calificación penal”, sostuvo la fiscalía.

 Asimismo, el fiscal refirió a los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación como fundamento para requerir la preventiva de algunos de sus miembros, algo que resolverá la Sala III de la Cámara en lo penal y contravencional porteña, integrada por Patricia Larocca, Jorge Franza e Ignacio Mahiques. 

 “Como último aspecto, habré de expresar que la función central del encierro preventivo es, en tanto medida accesoria e instrumental del proceso, asegurar que éste se desarrolle mientras existan riesgos de que las personas imputadas atenten contra su avance, peligros cuya probabilidad de concreción han sido probados con suma claridad”, concluyó la fiscalía.