Lunes, 17 Mayo 2021 15:44

Un ex jefe de la Policía Federal más cerca del juicio oral por defraudación contra la administración pública

El ex comisario Román Di Santo está imputado por la compra de equipamiento de seguridad a una empresa israelí para el plan "Buenos Aires Segura".

El ex titular de la PFA había pedido la nulidad de una causa en la que está procesado por "administración infiel" El ex titular de la PFA había pedido la nulidad de una causa en la que está procesado por "administración infiel" Foto: NA - PFA

La Cámara Federal porteña rechazó un recurso del ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo para cerrar una causa en la que está procesado por la contratación con una empresa israelí para modernizar el sistema de seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

Di Santo, a través de su abogado, el también ex policía Marcelo Pecorelli, formuló el planteo de “nulidad de la acción penal” contra la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de un expediente en el que también estuvo imputada la ex ministra de Seguridad del gobierno 2003-2015 Nilda Garré.

El mismo planteo había formulado otro imputad, Gabriel Armando García, integrante de una comisión ad hoc que había aprobado, en el marco de la contratación, la propuesta de una empresa israelí como “la más conveniente”.

En la causa se investiga justamente la contratación de esa empresa, Mer Industries Ltd., para dotar de equipamiento a la Capital Federal, cuando todavía estaba bajo la órbita de la Policía Federal durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese programa demandó una inversión del orden de los 40 millones de dólares, a través del Ministerio de Defensa de Israel, en el año 2011.

La contratación formó parte de lo que en ese momento se dio en llamar  Programa “Buenos Aires Segura” (BAS).

El proyecto nunca se concretó.

Di Santo y otros consortes de causa fueron procesados por el presunto delito de “administración infiel, agravado por haber sido en perjuicio de la Administración Pública” y sufrieron embargos de entre diez y 30 millones de pesos.

Todos están imputados por  “haber actuado mancomunada, coordinada y funcionalmente, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2011 y el 23 de junio de 2011, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración les fuera confiada, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.

El procesamiento fue confirmado a fines de 2020, por lo que la causa está en condiciones de ir a juicio oral y público.

Sin embargo, la defensa del ex jefe policial intentó una nulidad para dar tempranamente por terminada la acción evitando esa instancia.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia desestimaron el planteo y ordenaron que la causa prosiga su camino.

Escrito por
Buenos Aires, NA